Legisladores porteños presentaron un pedido de informes para que el Gobierno de la Ciudad explique el procedimiento realizado el 12 de julio en Acoyte y Rivadavia, donde integrantes de una organización que distribuía alimentos a personas en situación de calle fueron intimados por personal del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana.
Un grupo de legisladores de la Ciudad de Buenos Aires presentó un pedido de informes para que el Gobierno porteño detalle los motivos de la intervención realizada el domingo 12 de julio en la esquina de Acoyte y avenida Rivadavia, en el barrio de Caballito (Comuna 6), donde personal del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana intimó a integrantes de la agrupación Peronismo Solidario mientras desarrollaban una jornada de entrega gratuita de alimentos destinada a personas en situación de calle.
La iniciativa fue impulsada por el legislador Claudio Ferreño y cuenta con el acompañamiento de Matías Barroetaveña, Francisco Caporiccio, Victoria Freire, Andrea Mariana González, Alejandro Omar Grillo, Andrés La Blunda, Federico Mochi y Delfina Velázquez.
El proyecto solicita que el Poder Ejecutivo responda, en un plazo de 30 días, una serie de consultas vinculadas con el operativo llevado adelante durante esa jornada.
Qué información solicita el proyecto
Entre los puntos incluidos en el pedido de informes, los legisladores requieren conocer cuáles fueron los fundamentos técnicos, administrativos y jurídicos que dieron origen a la intervención.
También solicitan saber si existía un expediente, una denuncia o un requerimiento previo que justificara el procedimiento, qué organismo dispuso el operativo, qué funcionarios o agentes participaron y cuál fue la normativa utilizada para intimar a los voluntarios que realizaban la actividad solidaria.
Asimismo, el proyecto busca determinar si en la Ciudad existe un régimen de permisos o autorizaciones para realizar acciones solidarias de entrega gratuita de alimentos en el espacio público, qué norma lo regula y cuál es el organismo encargado de otorgar esas autorizaciones.
Detalles sobre el procedimiento
El pedido también solicita información sobre si durante el operativo se confeccionaron actas de intimación, infracción o comprobación, si intervino la Policía de la Ciudad y bajo qué fundamento, si se dispuso el cese de la actividad o se impidió la distribución de alimentos y si el procedimiento fue registrado mediante fotografías, videos o cámaras corporales.
Además, requiere copia de resoluciones, protocolos, órdenes de servicio, comunicaciones internas y cualquier otra documentación que haya servido de respaldo para la actuación oficial.
Por otra parte, consulta si luego del operativo se iniciaron actuaciones administrativas o sancionatorias contra la agrupación Peronismo Solidario o contra alguno de sus integrantes.
Los fundamentos de la iniciativa
En los fundamentos del proyecto, los autores señalan que, de acuerdo con información difundida públicamente, durante la actividad un agente del Gobierno de la Ciudad informó a los integrantes de la organización que debían gestionar un permiso para continuar con la jornada solidaria.
Según indican, no se habría precisado cuál era la normativa que establecía esa exigencia ni qué organismo resultaba competente para otorgar dicha autorización.
El texto sostiene que las tareas de asistencia alimentaria y acompañamiento a personas en situación de calle son desarrolladas desde hace años por organizaciones sociales, comunitarias, religiosas y vecinales como complemento de las políticas públicas.
En ese contexto, los legisladores consideran necesario que la Legislatura conozca los fundamentos jurídicos y administrativos del procedimiento, la normativa aplicada y si efectivamente existe un régimen de autorizaciones para este tipo de actividades.
La iniciativa también hace referencia a la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, a la Ley N.º 3706 de Protección y Garantía Integral de los Derechos de las Personas en Situación de Calle y en Riesgo a la Situación de Calle y a la Ley Nacional N.º 27.654, al señalar que ambas promueven políticas destinadas a garantizar derechos básicos y reconocen la participación de las organizaciones de la sociedad civil en las tareas de asistencia.
Finalmente, los autores aclaran que el pedido de informes «no cuestiona las facultades de control que corresponden al Poder Ejecutivo en materia de uso del espacio público», sino que procura establecer si la actuación realizada el 12 de julio «se ajustó al principio de legalidad», cuál fue el fundamento normativo del procedimiento y si se respetaron las garantías propias de toda actuación administrativa.
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