El Gobierno endureció los controles sobre los gastos de los funcionarios para reforzar la transparencia

Una resolución publicada en el Boletín Oficial redujo los límites permitidos para los pagos en efectivo y cheque y amplió el período de evaluación del cumplimiento de las restricciones.

A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional dispuso nuevas medidas para reforzar la transparencia en el uso de los fondos públicos en las jurisdicciones y entidades que dependen del Poder Ejecutivo Nacional. En ese marco, endureció los límites para el uso de efectivo y cheques dentro del sistema de Fondos Rotatorios del Estado nacional.

Al mismo tiempo, la nueva normativa amplió el período de evaluación del cumplimiento de esas restricciones, que hasta ahora se realizaba cada tres meses.

La medida, firmada por el secretario de Hacienda, modificó la Resolución 276/2018 y estableció que los organismos públicos habilitados para utilizar Tarjetas de Compra Corporativas del Banco de la Nación Argentina deberán reducir la participación de los pagos en efectivo y cheque al 20% del total de sus transacciones por Fondo Rotatorio durante los primeros 180 días corridos desde la habilitación.

Una vez cumplido ese período, el límite se reducirá al 10% y deberá mantenerse en ese nivel o por debajo.

Desde 2017, la Secretaría de Hacienda, bajo la órbita del Ministerio de Economía, impulsa la utilización de tarjetas prepagas corporativas como una herramienta para reemplazar de manera progresiva los pagos realizados mediante medios físicos.

Un año después, la normativa que ahora fue modificada había establecido metas trimestrales y sanciones para aquellos organismos que no cumplieran con los objetivos fijados. La nueva disposición extiende el período de evaluación a seis meses, aunque mantiene revisiones intermedias trimestrales, y establece límites más estrictos.

Nuevas sanciones por incumplimiento

La resolución también actualizó las sanciones para los organismos que superen los límites establecidos.

Si la diferencia entre el nivel máximo permitido y el uso efectivo de dinero en efectivo y cheque es igual o superior a 25 puntos porcentuales, la Tesorería General de la Nación reducirá en un 40% el pago de las órdenes de reposición del Fondo Rotatorio o de la cuota de pago diaria correspondiente.

En aquellos casos en los que la diferencia sea inferior a 25 puntos porcentuales, la reducción será del 20%.

Estas restricciones continuarán vigentes hasta que el organismo involucrado alcance los niveles de utilización exigidos por la normativa.

La decisión se fundamenta en los datos recopilados por la Tesorería General de la Nación, que detectó desde la entrada en vigencia de la Resolución 276/2018 una evolución sostenida hacia la utilización de medios electrónicos de pago.

A partir de esa tendencia, la Secretaría de Hacienda consideró que el sistema se encuentra en condiciones de avanzar hacia metas más exigentes.

La normativa también mantiene como objetivo “consolidar la sustitución de los medios de pago físicos por aquellos que posibiliten la trazabilidad, acrecentando los niveles de transparencia y eficiencia en el uso de los fondos públicos”.

El régimen de Fondos Rotatorios, Fondos Rotatorios Internos y Cajas Chicas funciona como un mecanismo de excepción utilizado por las dependencias del Poder Ejecutivo Nacional para afrontar gastos urgentes que no pueden ser gestionados mediante el circuito habitual de órdenes de pago.

Qué cambia con la nueva resolución

La normativa de 2018 había establecido los primeros límites concretos para avanzar en la sustitución de los pagos físicos. Los organismos que ya contaban con tarjetas corporativas habilitadas debían mantener el uso de efectivo y cheque en un nivel no superior al 30% del total de sus pagos por Fondo Rotatorio durante una primera etapa.

Luego, transcurridos 180 días corridos desde la primera medición, ese porcentaje debía reducirse al 20%. El cumplimiento de los objetivos era evaluado cada tres meses.

La nueva resolución modifica directamente ese esquema. Elimina el límite inicial del 30% y establece desde el comienzo un tope del 20% para el uso combinado de efectivo y cheque.

Después de otros 180 días, el límite se reducirá al 10% y los organismos deberán permanecer de manera permanente en ese nivel o por debajo.

El objetivo de la medida es profundizar la utilización de las tarjetas corporativas como principal medio de pago y limitar el uso de efectivo y cheques a situaciones residuales o de última instancia, con el propósito de mejorar la trazabilidad y el control sobre los fondos públicos.