La Legislatura porteña modificó la Ley 342 y estableció que, una vez cumplidos los plazos legales, los vehículos abandonados podrán ser descontaminados, desguazados y compactados o destinados al uso público. También se priorizará su entrega a establecimientos educativos cuando sean requeridos para investigación, práctica o docencia.
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó este jueves una modificación a la Ley 342, que establece nuevas alternativas para el tratamiento de los vehículos abandonados en la vía pública. A partir de la reforma, una vez cumplidos los plazos correspondientes, los rodados podrán ser descontaminados, desguazados y compactados o destinados al uso público.
La iniciativa fue aprobada con 36 votos positivos, 14 negativos y dos abstenciones.
La reforma modifica los artículos 6° y 7° de la Ley 342 e incorpora un nuevo artículo 6° bis. El proyecto había sido presentado el 3 de agosto por el legislador Francisco Loupias y tuvo como coautores a Aldana Belén Crucitta, Emmanuel Ferrario, Rocío Figueroa, Patricia Inés Glize, Silvia Lospenatto, Sebastián Nagata, María Graciela Ocaña, Sergio Hernán Siciliano y Gimena Villafruela.
Uno de los cambios introducidos actualiza el procedimiento para aquellos casos en los que existan dudas respecto del abandono de un vehículo. Cuando las circunstancias permitan presumir que el rodado fue perdido por su propietario y no abandonado, deberá aplicarse lo establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación.
La modificación también incorpora el artículo 6° bis, que establece las alternativas de destino para los vehículos una vez vencidos los plazos contemplados por la Ley 342. En esos casos, la autoridad de aplicación podrá disponer la descontaminación, el desguace y la compactación del rodado, o determinar su afectación al uso público, según criterios de mérito, oportunidad y conveniencia.
La nueva normativa también especifica en qué consiste cada uno de los procedimientos. La descontaminación contempla la extracción de elementos potencialmente contaminantes, entre ellos baterías, fluidos y otros componentes. El desguace consiste en retirar aquellas piezas que puedan ser reutilizadas o recicladas, mientras que la compactación implica transformar el vehículo, sus partes, accesorios o chasis en chatarra.
La norma establece además una alternativa destinada a establecimientos educativos. Cuando existan solicitudes registradas de instituciones que necesiten vehículos o sus componentes para desarrollar tareas de investigación, práctica o docencia, tendrán prioridad para recibir esos elementos luego de su descontaminación, siempre que dicho proceso resulte necesario.
Qué busca la reforma
Según los fundamentos del proyecto, la modificación busca actualizar la normativa vigente y ampliar las alternativas disponibles para el tratamiento de los vehículos que permanecen abandonados en espacios públicos de la Ciudad.
La iniciativa toma como antecedente el Programa de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores de la Ciudad, creado con el objetivo de establecer procedimientos para los vehículos que se encuentran depositados en predios bajo competencia porteña.
Entre los objetivos planteados se encuentra la reducción de la contaminación ambiental y visual, además de la recuperación de espacios públicos que actualmente se encuentran ocupados por vehículos deteriorados o inmovilizados.
El proyecto también suma la posibilidad de reutilizar determinados vehículos o sus componentes dentro del Estado porteño. De acuerdo con sus fundamentos, esta alternativa permitiría avanzar en mecanismos vinculados con la economía circular y, cuando corresponda, aprovechar los rodados para atender las necesidades de distintos organismos públicos.
La propuesta sostiene que la afectación al uso público podría contribuir a reforzar o renovar la flota automotor destinada al desarrollo de tareas estatales, incluyendo aquellas relacionadas con el Sistema Integral de Seguridad Pública.
De esta manera, la modificación aprobada por la Legislatura amplía las alternativas frente a los vehículos abandonados. Además de establecer su descontaminación, desguace o compactación, contempla que algunos rodados puedan ser recuperados para su utilización por organismos públicos o instituciones educativas.
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