La norma redefine la protección de los recursos hídricos y genera polémica.
Con una votación ajustada, la Cámara de Diputados dio luz verde a la reforma de la Ley de Glaciares, una norma clave para la protección ambiental en el país.
La modificación introduce un cambio profundo en el enfoque de la ley, que hasta ahora establecía una protección amplia sobre glaciares y ambientes periglaciares.
Uno de los principales puntos es la limitación del alcance de la protección, que ahora se aplicará únicamente a aquellas áreas con función hídrica comprobada. Esto implica que zonas anteriormente protegidas podrían quedar habilitadas para el desarrollo de actividades económicas.
Además, la reforma refuerza el rol de las provincias, que tendrán mayor autonomía para definir criterios de protección. Este punto genera controversia, ya que podría derivar en una aplicación desigual de la normativa en distintas regiones del país.
En paralelo, se modifica el papel del IANIGLA, reduciendo su intervención en la toma de decisiones y limitándolo a una función técnica de consulta.
Otro cambio importante es el reemplazo del sistema de prohibiciones generales por un esquema basado en evaluaciones de impacto ambiental. Esto significa que cada proyecto será analizado de manera individual antes de su aprobación.
Si bien el Gobierno sostiene que la reforma aporta claridad y fortalece el federalismo, sectores ambientalistas advierten que podría implicar un retroceso en la protección de ecosistemas clave.
La nueva ley plantea un escenario abierto, con beneficios para algunos sectores y fuertes cuestionamientos desde el ámbito ambiental.

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