Argentina presentó su reclamo ante el Tribunal del Mar para frenar la explotación petrolera en Malvinas

Las audiencias se desarrollan en Hamburgo, Alemania, y continuarán hasta el miércoles. El país solicitó medidas provisionales para impedir el avance del proyecto Sea Lion, impulsado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. Se trata de la primera vez que la Argentina lleva una controversia de este tipo contra el Reino Unido ante un tribunal internacional.

El Gobierno argentino comenzó este martes la defensa de su reclamo ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, Alemania. El objetivo de la presentación es obtener medidas provisionales que permitan detener el proyecto petrolero Sea Lion, promovido por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la cuenca Malvinas Norte.

Durante la audiencia, realizada en una sala colmada del organismo internacional, el asesor legal del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina, Mario Javier Agustín Oyarzábal, sostuvo que el país intentó en reiteradas oportunidades alcanzar acuerdos de cooperación con el Reino Unido. Sin embargo, cuestionó que las autoridades británicas hayan otorgado permisos de exploración de manera unilateral.

Las exposiciones se extenderán hasta este miércoles. Es la primera vez que la Argentina litiga contra el Reino Unido ante un tribunal internacional por una controversia relacionada con la soberanía de las Islas Malvinas.

La delegación oficial está encabezada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy. También participan el consejero legal de la Cancillería y embajador Mario Oyarzábal, quien se desempeña como agente del país; Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía; Santiago Castro Videla, subprocurador del Tesoro de la Nación, y Betina Pasquali de Fonseca, embajadora argentina en Alemania.

La presentación fue elaborada de manera conjunta por los equipos jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica, la Cancillería, el Ministerio de Economía y la Procuración del Tesoro.

A la representación oficial se incorporaron tres especialistas en derecho internacional. Uno de ellos es Marcelo Kohen, exsecretario general del Institut de Droit International y exjuez ad hoc del propio Tribunal del Mar. Kohen también representó a la Argentina durante el conflicto por la retención de la fragata Libertad en Ghana, cuando en 2012 el organismo ordenó su liberación como medida provisional.

La defensa cuenta además con Nicolaas Jan Schrijver, expresidente del Institut de Droit International y de la International Law Association, y Agustín Giustiniani, profesor de la Maestría en Solución de Controversias Internacionales de Ginebra.

El planteo argentino ante el Tribunal del Mar

En la apertura de las audiencias, Oyarzábal reiteró que la Argentina procuró establecer mecanismos de cooperación con el Reino Unido, pero denunció que Londres avanzó con autorizaciones para la exploración de hidrocarburos sin alcanzar acuerdos con Buenos Aires.

El representante argentino recordó que ambos países suscribieron en 1995 una declaración conjunta sobre cooperación en actividades marítimas en el Atlántico suroeste. No obstante, sostuvo que el Reino Unido se apartó de los objetivos de ese entendimiento al conceder licencias de exploración, entre ellas las correspondientes al yacimiento Sea Lion.

Según argumentó, esas decisiones profundizan la controversia que mantienen ambos países por las Islas Malvinas.

“Hacen falta dos para bailar un tango, pero el Reino Unido prefiere bailar solo”, expresó Oyarzábal durante su exposición ante el tribunal internacional, con sede en la ciudad alemana de Hamburgo.

El funcionario también señaló que las medidas adoptadas por las autoridades británicas vulneran la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y la Resolución 31/49 de las Naciones Unidas. Esta última insta a las partes involucradas en la disputa por las Malvinas a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales mientras continúe la controversia.

Las islas se encuentran bajo administración británica, aunque la Argentina mantiene su reclamo de soberanía sobre el territorio.

Por su parte, el profesor Marcelo Gustavo Kohen defendió la competencia del Tribunal Internacional del Derecho del Mar para resolver sobre las medidas cautelares solicitadas por el país. El pedido apunta a impedir que comiencen o continúen los proyectos de explotación petrolera autorizados por el Reino Unido en las proximidades de la costa de las Malvinas, mientras no exista una resolución definitiva sobre la soberanía.

Kohen explicó que la solicitud argentina no exige que el tribunal determine a quién pertenecen las islas ni que establezca cuál de los dos países tiene la condición de Estado ribereño. El planteo, según indicó, busca evitar una modificación irreversible de la plataforma continental en disputa y prevenir nuevas acciones que puedan profundizar el conflicto.

Las autoridades británicas otorgaron media docena de licencias para la explotación de hidrocarburos en el suroeste del océano Atlántico. Entre ellas se encuentra la correspondiente al yacimiento Sea Lion, ubicado aproximadamente a 200 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.

A fines de 2025, el Reino Unido aprobó el desarrollo de ese proyecto, cuya operación está a cargo de la petrolera israelí Navitas, que posee el 65% de participación, y de la compañía británica Rockhopper, titular del 35% restante.

De acuerdo con las estimaciones de las empresas, solamente en el área correspondiente a Sea Lion existirían recursos equivalentes a unos 1.700 millones de barriles de petróleo.

La urgencia del reclamo y el posible impacto ambiental

Uno de los argumentos centrales de la presentación argentina es la proximidad del inicio de las operaciones de extracción, previsto para comienzos de 2027. Para el Gobierno, el avance de las tareas podría generar una situación irreversible antes de que se resuelva la controversia de fondo.

Durante su intervención, Nicolaas Jan Schrijver advirtió que, si los proyectos no se detienen, las perforaciones y las actividades de explotación podrían consolidar un hecho consumado y ocasionar un perjuicio irreparable a los derechos de la República Argentina contemplados en la CONVEMAR.

El especialista describió que ya se están desarrollando preparativos con la participación de distintos contratistas para trasladar plataformas petroleras, materiales y equipamiento especializado hasta el área de producción. Esas tareas también contemplan la perforación de pozos de desarrollo y, posteriormente, la instalación de infraestructura en el lecho marino y en la columna de agua.

Schrijver sostuvo que la plataforma continental, por ser el espacio donde se encuentran los recursos de hidrocarburos, podría sufrir modificaciones permanentes. Según su exposición, esos cambios serían irreversibles, independientemente del resultado que tenga la controversia entre la Argentina y el Reino Unido o del desenlace del proceso de descolonización.

La Argentina considera que el inicio de las perforaciones podría afectar sus derechos antes de que exista una decisión definitiva sobre el conflicto. Por ese motivo, solicitó que el tribunal adopte medidas urgentes para evitar que las actividades petroleras avancen durante el desarrollo del proceso jurídico.

Cómo continúa el cronograma de audiencias en Hamburgo

De acuerdo con el calendario oficial, después de los alegatos argentinos el Reino Unido presentó su primera respuesta ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

Este miércoles se realizará una segunda instancia de exposiciones, que incluirá nuevas intervenciones y repreguntas. La delegación argentina tendrá la palabra entre las 10.30 y las 12, mientras que la representación británica expondrá de 17.30 a 19, siempre en horario de Hamburgo.

Las presentaciones se desarrollarán en inglés o francés y podrán seguirse a través de la transmisión en línea disponible en el sitio oficial del Tribunal del Mar.

El pedido de medidas provisionales se inscribe en el arbitraje que el Gobierno argentino inició contra el Reino Unido el 28 de septiembre, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Debido a que el tribunal arbitral todavía no fue constituido, el 13 de octubre la Argentina acudió al organismo con sede en Hamburgo para solicitar que se impida el inicio o la continuidad de la extracción de hidrocarburos en la plataforma continental. También pidió que el Reino Unido se abstenga de adoptar nuevas medidas que agraven la controversia y que deje de obstaculizar el cumplimiento de las obligaciones argentinas vinculadas con la protección del medio marino.

El argumento principal del Gobierno es que el comienzo de la explotación petrolera podría generar un hecho consumado irreversible y ocasionar daños a los derechos que el país invoca bajo la CONVEMAR. Por esa razón, sostiene que no resulta posible esperar los plazos habituales que demanda la conformación del tribunal arbitral.

Las empresas involucradas proyectan comenzar las perforaciones durante 2027 y alcanzar la producción comercial en 2028.

Una vez finalizadas las audiencias, el Ejecutivo estima que el Tribunal del Mar podría emitir su orden en un plazo de entre dos y cuatro semanas. Esa previsión ubicaría una posible decisión entre la segunda mitad de noviembre y los primeros días de diciembre.

Como antecedente, el Gobierno menciona el caso de la fragata Libertad, que permaneció retenida en Ghana. En aquella oportunidad, la Argentina solicitó medidas provisionales el 14 de noviembre de 2012, los jueces escucharon a las partes los días 29 y 30 de ese mes y el buque fue liberado el 15 de diciembre. Sin embargo, desde el Ejecutivo aclaran que aquel episodio no establece un plazo obligatorio para la resolución del reclamo actual.

Los tres escenarios que contempla el Gobierno

Fuentes oficiales señalaron que el Poder Ejecutivo evalúa tres posibles resultados para la presentación argentina.

El primero contempla que el Tribunal acepte la totalidad del planteo y ordene detener las actividades. Según lo informado por el Gobierno, el Reino Unido ya habría asumido el compromiso de cumplir con una eventual decisión de ese tipo. En ese escenario, la explotación petrolera quedaría suspendida hasta que se resuelva el arbitraje.

La segunda posibilidad es que los magistrados adopten una resolución intermedia, mediante la cual acepten algunos de los pedidos argentinos y rechacen otros.

El tercer escenario es que el tribunal desestime la solicitud por considerar que no se encuentran acreditadas las condiciones de urgencia o la jurisdicción prima facie necesaria para intervenir. Si eso ocurriera, no se aplicarían medidas provisionales, aunque el arbitraje seguiría adelante y la Argentina podría volver a solicitar medidas cautelares una vez que el tribunal arbitral esté constituido.

Desde el Gobierno remarcaron que ninguno de esos resultados implicaría reconocer la legalidad de las actividades británicas en la zona en disputa.

En la previa de las audiencias, desde la Casa Rosada habían expresado expectativas favorables respecto de la presentación. Sin embargo, también reconocieron que la decisión corresponde exclusivamente a los magistrados y que no existe garantía sobre el resultado. Además, aseguraron que la estrategia jurídica argentina continuará independientemente de la resolución que adopte el organismo.

Las otras medidas del Gobierno por la explotación petrolera en Malvinas

La presentación ante el Tribunal del Mar forma parte de una estrategia más amplia que incluye acciones diplomáticas, administrativas, judiciales y legislativas.

Desde la cadena nacional encabezada por el presidente en septiembre, el Gobierno informó que envió más de 180 notas de desaliento a compañías vinculadas con el proyecto Sea Lion y con otras iniciativas de exploración en el área disputada. Las comunicaciones también fueron dirigidas a proveedores de servicios, empresas con licencias para permisos de pesca y países de origen de las compañías involucradas.

A esa iniciativa se sumaron 60 procedimientos sancionatorios, aunque desde el Ejecutivo reconocieron que todavía no se aplicaron penalidades definitivas. También se presentaron denuncias penales contra empresas y personas relacionadas con las actividades cuestionadas.

Entre las compañías alcanzadas por esas actuaciones se encuentra Thales UK Limited. Contra esa firma se iniciaron procedimientos administrativos y penales por vuelos que el Gobierno considera no autorizados en el espacio aéreo soberano argentino con destino a las islas.

La estrategia también contempla el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que busca reemplazar la Ley 26.659 y crear el Sistema de Seguridad Nacional.

De acuerdo con la explicación oficial, la iniciativa se estructura sobre tres ejes: establecer sanciones para quienes participen en la explotación ilegítima de recursos naturales en las islas, sus espacios marítimos y la plataforma continental; generar incentivos para que las personas y empresas involucradas abandonen esas actividades, y otorgar al Estado herramientas para responder ante amenazas externas.

El proyecto ya obtuvo dictamen en la Cámara de Diputados, aunque todavía existen diferencias dentro del oficialismo y entre los bloques aliados. Las principales discusiones están relacionadas con las facultades y los mecanismos de control parlamentario del Consejo de Seguridad Nacional previsto en la propuesta.

A estas medidas se suman la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia, presentada como una iniciativa para fortalecer la presencia argentina en la Antártida y el control del Atlántico Sur, y la continuidad de los reclamos diplomáticos históricos ante los organismos de las Naciones Unidas.