Según datos oficiales difundidos por la Ciudad, Balvanera encabeza el listado con 116 procedimientos desde el inicio de la gestión de Jorge Macri. Almagro, Palermo, Constitución y La Boca completan los primeros lugares. Organizaciones de derechos humanos cuestionaron la política y advirtieron sobre la situación de las familias desalojadas.
Balvanera es el barrio porteño donde más desalojos realizó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde el inicio de la gestión de Jorge Macri, con un total de 116 procedimientos, según datos oficiales difundidos este martes.
El listado continúa con Palermo, con 54 desalojos; Almagro, con 53; Constitución, con 49; y La Boca, con 44.
Los datos fueron presentados durante un operativo realizado en una antigua fábrica de estilo neocolonial ubicada en la avenida La Plata 2859, en Nueva Pompeya, que permanecía ocupada desde hacía aproximadamente 40 años.
El inmueble cuenta con más de 3.500 metros cuadrados distribuidos entre planta baja, cinco pisos y una azotea, además de un acceso secundario situado en Fournier 2844.
Según informó el Gobierno porteño, se trata del inmueble número 900 recuperado en el marco de su política de restitución de propiedades ocupadas. Del operativo participaron integrantes de Emergencias, la Red de Atención, Bomberos, la Guardia de Auxilio y la Policía de la Ciudad.
Durante la recorrida por el lugar, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó la recuperación del inmueble y sostuvo que la medida representa una señal sobre la postura de la administración respecto de la propiedad privada.
“Propiedad número 900 recuperada. Estamos muy orgullosos, es un mensaje muy claro: en la Ciudad de Buenos Aires la propiedad privada se respeta. Y no vamos a permitir que quieran venir a instalar el caos como norma ni que traigan lo peor del conurbano a nuestra Ciudad”, afirmó.
El comunicado oficial señaló que la política de recuperación de inmuebles permitió devolver a sus legítimos propietarios bienes ocupados por un valor equivalente a más de 450 millones de dólares.
Además, el Gobierno porteño sostuvo que estas acciones contribuyeron a mejorar las condiciones de seguridad en distintos barrios y a reducir los índices delictivos.
La postura de organismos de derechos humanos
La política de desalojos impulsada por el Gobierno porteño también recibió cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) informó el 29 de julio que se presentó en una causa colectiva que analiza procedimientos realizados bajo el argumento de posibles riesgos de derrumbe. Según el organismo, este tipo de operativos puede dejar a familias en situación de calle sin una respuesta habitacional adecuada.
De acuerdo con el CELS, la causa se inició a partir de la denuncia presentada por una familia desalojada en Barracas y tramita ante el juzgado a cargo de Roberto Gallardo.
En ese expediente, el magistrado dictó una medida cautelar que, según explicó la organización, establece la necesidad de contar con control judicial de los procedimientos, garantizar el debido proceso, revisar técnicamente los informes sobre riesgo edilicio y brindar respuestas habitacionales por parte del Gobierno de la Ciudad, mientras continúa el trámite de la apelación presentada por la administración porteña.
El CELS indicó que durante la gestión de Jorge Macri se realizaron casi 800 desalojos y que alrededor de 60 de ellos estuvieron vinculados con operativos basados en presuntos riesgos de derrumbe.
La organización también sostuvo que en los últimos meses aumentaron las denuncias de familias que aseguran haber sufrido situaciones de hostigamiento durante este tipo de procedimientos.
Por otra parte, el organismo afirmó que las personas desalojadas reciben un subsidio de emergencia de 200.000 pesos, una suma que consideró insuficiente para acceder a una vivienda.
Según el CELS, como consecuencia de esta situación, muchas familias terminan alojándose en hoteles o pensiones ubicados lejos de sus lugares habituales de trabajo, estudio y residencia.
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