El fiscal de menores Hernán Cerutti recurrió la resolución de Marta Elba Pascual y sostuvo que genera un “gravamen institucional y jurídico de extrema gravedad”. La ONG Usina de Justicia también denunció a la magistrada y La Libertad Avanza bonaerense anticipó un pedido de juicio político.
El fiscal de menores Hernán Cerutti, titular de la Fiscalía en lo Penal Juvenil de Lomas de Zamora, presentó una apelación contra la resolución de la jueza Marta Elba Pascual, quien había dispuesto la suspensión del Régimen Penal Juvenil de la provincia de Buenos Aires.
Para Cerutti, la decisión judicial genera un “gravamen institucional y jurídico de extrema gravedad”, debido a que, según planteó, un habeas corpus no puede utilizarse para suspender una ley que fue sancionada por el Congreso.
El fiscal sostuvo además que no se acreditó ninguna conducta concreta, ilegal o arbitraria que afectara la libertad de los adolescentes comprendidos por la normativa. En ese sentido, consideró que la resolución de la magistrada “avasalla la labor propia de otro de los poderes del Estado”.
El funcionario judicial agregó que tampoco se identificó a un joven detenido como consecuencia de la aplicación del nuevo régimen, ni una medida policial, administrativa, judicial o penitenciaria que hubiera restringido ilegalmente su libertad.
Según el planteo presentado por Cerutti, tampoco se acreditó una situación concreta de alojamiento que hubiera sido agravada como consecuencia de la nueva legislación.
En su resolución, la jueza Pascual había fundamentado la suspensión en la posibilidad de que el nuevo régimen provocara un aumento significativo de la cantidad de jóvenes detenidos y en que la provincia no contaría con la infraestructura ni con los recursos suficientes para afrontar ese eventual incremento.
Desde la Fiscalía cuestionaron que esa conclusión haya sido adoptada sin datos concretos.
Pascual había planteado, entre otros interrogantes, cuántos adolescentes podrían quedar privados de su libertad en dispositivos provinciales y cuál sería la capacidad disponible para alojarlos.
Frente a esos argumentos, Cerutti sostuvo que la resolución “transforma una posibilidad en una certeza”, al considerar que el eventual incremento de personas detenidas fue tomado como un hecho sin que, según su planteo, existieran elementos concretos que permitieran sostener esa conclusión.
La denuncia de una ONG y el pedido de juicio político de LLA bonaerense
La apelación presentada por Cerutti se suma a la denuncia penal impulsada por la ONG Usina de Justicia, que acusó a la jueza Pascual por los presuntos delitos de usurpación funcional y abuso de autoridad.
Desde esa organización respaldaron la presentación del fiscal y señalaron en X que Cerutti había sostenido los mismos argumentos incluidos en su propia impugnación.
“El fiscal sostuvo los mismos fundamentos de nuestra impugnación: la jueza no se basó en pruebas ni informes, se excedió en sus funciones y violó el principio de división de poderes”, expresó la ONG.
Por otra parte, La Libertad Avanza bonaerense, encabezada por Sebastián Pareja, ya había anticipado que impulsaría un pedido de juicio político contra la jueza que suspendió la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil.
“Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política. Está intentando frenar una ley votada democráticamente por el Congreso y que viene a resolver un problema que la sociedad reclama”, afirmó Pareja.
De acuerdo con lo informado oficialmente, legisladores de La Libertad Avanza, junto con un equipo técnico, “trabajan en una presentación” contra la magistrada, quien se encuentra al frente del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora.
La apelación del fiscal abre así una nueva instancia de discusión sobre la suspensión del Régimen Penal Juvenil bonaerense, mientras continúan los cuestionamientos a la resolución judicial tanto desde sectores vinculados al sistema de Justicia como desde espacios políticos y organizaciones civiles.
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