La iniciativa continuará este miércoles en comisión con la exposición de la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy. La Libertad Avanza pretende finalizar el tratamiento el 14 de octubre y debatir el proyecto en Diputados una semana después, durante una sesión especial.
El oficialismo consiguió avanzar con el tratamiento del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional durante un concurrido plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. El encuentro contó con la participación de especialistas e invitados propuestos por las distintas bancadas opositoras.
La intención de La Libertad Avanza es cerrar la discusión el miércoles 14 de octubre y llevar la iniciativa al recinto el 21 de octubre, junto con un amplio temario.
El debate continuará este miércoles a las 11 con la exposición de María Ibarzabal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia.
El proyecto impulsado por el Gobierno cuenta con 133 artículos y propone, además de endurecer las sanciones económicas y penales contra quienes exploten recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización argentina, una reorganización de distintas áreas relacionadas con la defensa, la inteligencia y la seguridad.
Durante el plenario, los bloques opositores plantearon la posibilidad de dividir la iniciativa y avanzar inicialmente con un capítulo específico referido a las sanciones para las empresas que realicen tareas de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.
Los especialistas e invitados convocados por las bancadas opositoras también expresaron cuestionamientos al proyecto del Poder Ejecutivo.
Entre quienes participaron de las exposiciones estuvieron Jerónimo Guerrero Iraóla, del CECIM; Daniel Guzmán, del Observatorio Malvinas; Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS; Luciano Anzelini; Sergio Eissa; Raúl Gustavo Ferreyra; David Angueira; Daniel Filmus; Mariana Altieri; Guillermo Carmona; Pablo Testori Schroeder; Fernando Morales y Víctor Sierra.
Los diputados de Unión por la Patria Germán Martínez y Agustina Propato reclamaron además la presencia del canciller Pablo Quirno, del ministro de Defensa Carlos Presti y de la secretaria de Malvinas de la Cancillería, Paola Di Chiaro.
Durante su exposición, el exministro Daniel Filmus cuestionó distintos aspectos de la iniciativa. Según sostuvo, el proyecto establece “protocolos de derribo, contempla el hundimiento de buques y prepara a las fuerzas armadas para operaciones no convencionales”.
Para Filmus, esas disposiciones podrían ofrecer al Reino Unido elementos para reforzar ante sus aliados de la OTAN una narrativa vinculada con una eventual amenaza.
Qué propone el proyecto de Defensa de la Soberanía
La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo plantea modificar el régimen vigente para endurecer las medidas contra quienes desarrollen actividades vinculadas con la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, además de los espacios marítimos correspondientes.
El texto ratifica que esos territorios forman parte del territorio nacional y establece como objetivo permanente la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía argentina.
De acuerdo con la explicación difundida por la Casa Rosada al presentar el proyecto, la propuesta se organiza en tres ejes principales: sancionar la explotación ilegítima de recursos, generar incentivos para que esas actividades finalicen y ampliar las herramientas estatales frente a amenazas externas.
Uno de los cambios centrales consiste en la derogación de la Ley 26.659 y su reemplazo por un régimen sancionatorio de mayor alcance. La nueva regulación no estaría limitada a los hidrocarburos, sino que también comprendería otros recursos naturales renovables y no renovables.
El proyecto contempla penas de prisión, multas calculadas en barriles de petróleo e inhabilitaciones para distintas conductas relacionadas con la explotación de esos recursos sin autorización argentina.
También establece consecuencias económicas para las personas y empresas que sean sancionadas. Entre ellas, podrían quedar impedidas de desarrollar determinadas actividades dentro del país, contratar con el Estado o acceder a beneficios fiscales y previsionales.
La iniciativa también propone la creación de un Sistema de Seguridad Nacional, conducido por un Consejo encabezado por el Presidente. El objetivo sería coordinar políticas vinculadas con la defensa, la inteligencia, la economía y la protección de infraestructura crítica.
Un cruce durante el debate
El plenario tuvo además un momento de tensión cuando el diputado de La Libertad Avanza Beltrán Benedit reivindicó su visita a los represores detenidos en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza durante 2024.
“Hemos callado durante mucho tiempo”, expresó el legislador entrerriano, en una intervención que generó cuestionamientos de Germán Martínez y otros integrantes de Unión por la Patria.
Ante la tensión generada durante el encuentro, Carlos Zapata intervino para finalizar la exposición de Benedit y dio por concluida la reunión.
El 11 de julio de 2024, un grupo de diputados de La Libertad Avanza había visitado en el complejo penitenciario de Ezeiza a los represores Alfredo Astiz, Carlos Suárez Mason, Raúl Guglialminetti, Antonio Pernías y Adolfo Donda, entre otros.
En la previa del plenario de las tres comisiones, la diputada de Provincias Unidas Alejandra Torres, junto con Carlos Gutiérrez, Gisela Scaglia, Carolina Basualdo, José Núñez, Pablo Farías y Juan Brügge, presentó un proyecto de resolución para exhortar a los integrantes de la Cámara baja a mantener un trato respetuoso y acorde con la investidura parlamentaria.
Los legisladores señalaron que el Parlamento constituye un ámbito atravesado por el pluralismo y el disenso, pero remarcaron que ese contexto requiere reglas de convivencia que permitan desarrollar las discusiones dentro de un marco de respeto institucional.
En el mismo sentido, plantearon que la firmeza en la defensa de las distintas posiciones políticas puede coexistir con un intercambio respetuoso centrado en ideas y argumentos.
Por su parte, la diputada de La Libertad Avanza Mercedes Llano presentó una iniciativa que propone sancionar con la suspensión de la dieta a los legisladores que insulten dentro del Congreso.
“La crítica política es parte esencial del debate democrático, pero lo que no puede ser parte de la tarea parlamentaria es el agravio personal”, sostuvo la legisladora mendocina.
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