El Ejecutivo porteño presentó una reforma integral de la Ley 1472 que modifica la reincidencia, las sanciones, la condena en suspenso y la responsabilidad adolescente, además de incorporar nuevas contravenciones. La Libertad Avanza impulsó un proyecto propio con diferencias sobre la autonomía del Código, la probation, los cortes de calles y las penas.
El Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires quedó en el centro de la agenda de la Legislatura luego de que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, enviara un proyecto para reformar de manera integral la Ley 1472.
La iniciativa propone modificar distintos artículos del Código y de su régimen de procedimiento, con cambios en las escalas de las sanciones, el tratamiento de la reincidencia, las formas de cumplimiento de las penas y la incorporación de nuevas conductas consideradas contravenciones.
El proyecto del Ejecutivo porteño ingresó a la Legislatura, ubicada en Perú 160, en paralelo con otra propuesta de reforma integral impulsada por legisladores de La Libertad Avanza (LLA).
Se trata del Expediente 3147-D-2026, presentado el 7 de octubre por la legisladora Solana Pelayo, con la coautoría de Juan Pablo Arenaza, Marcelo Gregorio Ernst, Juan Ignacio Fernández, Andrea Freguia, Silvia Imas, Marina Kienast, Nicolás Pakgojz, María del Pilar Ramírez, Sandra Mónica Rey, Leonardo Saifert y Diego Vartabedian.
Ambas iniciativas plantean modificaciones al régimen contravencional porteño y contemplan mayores sanciones para determinadas conductas, aunque presentan diferencias en cuestiones como la reincidencia, las alternativas para cumplir las penas, la relación con el Código Penal de la Nación, la probation y la regulación de determinadas acciones en el espacio público.
Qué propone el proyecto de Jorge Macri
Una de las principales modificaciones planteadas por el Ejecutivo porteño está relacionada con el régimen de reincidencia.
El proyecto, identificado como Expediente 3155-J-2026, establece que existe reincidencia cuando una persona comete una nueva contravención dentro de los dos años posteriores a una sentencia firme.
La definición también contempla determinados comportamientos habituales en el espacio público, incluso cuando la nueva conducta no sea exactamente igual a la contravención cometida anteriormente.
La propuesta establece un esquema progresivo para incrementar las sanciones. En la primera reincidencia, la pena aumentaría un 50%. En la segunda, el incremento sería de dos tercios, mientras que desde la tercera reincidencia la sanción podría llegar a duplicarse.
La iniciativa también establece restricciones para las personas reincidentes respecto de determinadas modalidades de cumplimiento de las sanciones.
A su vez, propone crear un Registro de Reincidentes en Contravenciones en el Espacio Público y limita el acceso al arresto domiciliario, que quedaría reservado para situaciones excepcionales y requeriría una justificación judicial.
El proyecto contempla además las conductas vinculadas con los denominados “trapitos”. En los casos de reincidencia y cuando exista extorsión a automovilistas, el arresto podría alcanzar los 90 días.
Condenas en suspenso y formas de cumplir las sanciones
Otro de los cambios centrales de la propuesta de Jorge Macri está vinculado con el artículo 42.
El proyecto elimina para las personas adultas la posibilidad de aplicar una condena en suspenso.
También incorpora mecanismos para convertir determinadas sanciones que no hayan sido cumplidas. En determinadas circunstancias, una multa o una tarea de utilidad pública incumplida podría transformarse en días de arresto o en trabajo comunitario, según las equivalencias establecidas.
En este punto existe una diferencia con el proyecto presentado por La Libertad Avanza.
La iniciativa de LLA no elimina de manera general la condena en suspenso para las personas que no tengan antecedentes. Sin embargo, establece restricciones para determinadas contravenciones y para reincidentes cuando la nueva sanción corresponda a una conducta de la misma especie que la anterior.
Qué régimen se propone para adolescentes de 14 a 17 años
La iniciativa del Ejecutivo porteño incorpora además un régimen específico para adolescentes de entre 14 y 17 años, desarrollado en los artículos 43 a 46.
Los menores de 14 años quedan fuera del régimen de responsabilidad contravencional. Para quienes tienen entre 14 y 17 años se establece, en cambio, un sistema diferenciado que no contempla el arresto y que prevé la intervención de una defensa especializada.
Las medidas previstas tienen objetivos educativos y reparadores.
Entre ellas figuran la advertencia formal, la intervención de equipos interdisciplinarios, la participación en programas educativos, la continuidad obligatoria de la escolaridad, la capacitación laboral cuando corresponda, la reparación del daño y la realización de tareas comunitarias adecuadas a la edad.
Estas medidas tendrían una duración máxima de 12 meses y no podrían resultar más gravosas que las previstas para un adulto por la misma conducta.
El proyecto de La Libertad Avanza, en los artículos señalados, no desarrolla un régimen especial para adolescentes equivalente al planteado por el Ejecutivo porteño.
Cómo cambiarían las penas
La reforma impulsada por Jorge Macri también modifica los límites generales de las sanciones.
El máximo de las multas pasaría a ser de 50.000 Unidades Fijas (UF).
El arresto tendría un máximo general de 90 días, mientras que podría llegar a los 120 días para determinadas contravenciones consideradas graves, vinculadas con el orden público, el tránsito y el juego clandestino.
También se elevan los límites para las tareas de utilidad pública, las inhabilitaciones y las clausuras.
En los casos de conducción bajo los efectos del alcohol, el proyecto establece una multa de entre 1.000 y 6.000 UF, arresto de 5 a 30 días e inhabilitación para conducir durante un período de entre seis meses y cuatro años.
Para las actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público, la multa máxima propuesta alcanza las 50.000 UF.
El proyecto de La Libertad Avanza establece, por su parte, un máximo general de 60.000 UF para las multas. También fija un máximo general de 90 días de arresto y de hasta 120 días para determinadas contravenciones graves.
En materia de clausuras, la iniciativa libertaria lleva el máximo hasta los 365 días.
Las nuevas contravenciones que incorpora Macri
La propuesta del Ejecutivo porteño no se limita a modificar las penas existentes. También incorpora nuevas figuras al Código Contravencional.
Entre ellas se encuentra el acecho o seguimiento de personas en la vía pública.
El proyecto también contempla distintas conductas vinculadas con el ámbito digital, como la obtención mediante engaño de credenciales, claves, códigos o tokens.
A esto se suman propuestas para sancionar la venta de datos personales, la organización de operaciones masivas de compraventa informal en espacios públicos, la portación de dispositivos destinados a interferir señales y la manipulación fraudulenta de sistemas de pago o del transporte público.
También se incorporan conductas relacionadas con la suplantación de agentes de autoridad mediante credenciales falsas, el financiamiento de contravenciones reiteradas o de grupos destinados a cometerlas, la distribución de elementos capaces de provocar disturbios y la obstrucción de sistemas de videovigilancia pública.
La autonomía del Código, una diferencia planteada por LLA
Uno de los principales puntos de diferencia entre ambos proyectos aparece en el artículo 20 de la iniciativa de La Libertad Avanza.
El texto presentado por Pelayo y sus coautores establece expresamente la autonomía del derecho contravencional porteño y dispone que el Código Penal de la Nación no se aplique de manera directa ni supletoria.
Además, establece que no podrá realizarse una interpretación extensiva o por analogía cuando esta resulte perjudicial para la persona imputada.
El proyecto de Jorge Macri plantea una relación diferente con el derecho penal nacional y contempla la aplicación supletoria del Código Penal en los términos establecidos por su articulado.
La iniciativa de LLA también modifica la relación entre los procesos penal y contravencional.
El artículo 15 establece que la acción penal suspende el trámite contravencional y su prescripción. A su vez, contempla que la acción contravencional pueda retomarse en determinadas circunstancias si el proceso penal termina por atipicidad penal, respetando el principio de non bis in idem.
Cómo difieren en la reincidencia
Las dos propuestas establecen períodos y porcentajes diferentes para determinar las consecuencias de la reincidencia.
El proyecto de Jorge Macri toma como referencia un período de dos años desde una sentencia firme. La primera reincidencia implica un aumento del 50%, la segunda de dos tercios y desde la tercera la sanción puede llegar a duplicarse.
La iniciativa de La Libertad Avanza extiende el período de referencia a tres años.
Para la primera reincidencia plantea un incremento de las penas de un tercio y, desde la segunda, de la mitad.
Ambos textos contemplan consecuencias sobre el acceso a modalidades de cumplimiento menos gravosas cuando existe reincidencia. Sin embargo, la propuesta del Ejecutivo porteño establece un esquema específico para la reiteración de determinadas conductas en el espacio público.
Probation y avenimiento
La suspensión del proceso a prueba, conocida como probation, también constituye un punto de diferencia entre las iniciativas.
El proyecto de Jorge Macri propone eliminar esta alternativa para las personas adultas, al igual que plantea eliminar las condenas en suspenso.
La iniciativa de La Libertad Avanza, en cambio, mantiene la probation, aunque establece restricciones.
El beneficio quedaría excluido para determinadas conductas relacionadas con violencia, intimidación, desigualdad de género, acoso y hostigamiento, además de otras figuras expresamente enumeradas.
El proyecto libertario también incorpora el avenimiento, a través del artículo 47 bis.
Este mecanismo permite que la Fiscalía y la persona imputada acuerden una pena de hasta el mínimo legal. El acuerdo debe ser posteriormente homologado por la Justicia.
Qué plantea LLA para los cortes de calles
La regulación de las obstrucciones de la vía pública constituye otro de los puntos en los que las iniciativas presentan diferencias.
El proyecto de La Libertad Avanza incorpora en su artículo 90 una regulación específica para los cortes.
La obstrucción simple podría ser sancionada con trabajo comunitario o multa.
Para organizadores y coordinadores, en cambio, se establecen multas de entre 1.000 y 10.000 UF o arresto de 5 a 15 días.
Las sanciones se duplicarían cuando la obstrucción afecte hospitales, escuelas, terminales de transporte o el desplazamiento de ambulancias y servicios de emergencia.
El texto también contempla una protección para el ejercicio regular de derechos constitucionales cuando exista un aviso previo razonable y se mantengan despejados los servicios de emergencia.
El proyecto de Jorge Macri no incorpora, en los términos analizados, una tipificación específica de organizadores y coordinadores de cortes con una escala equivalente a la propuesta por LLA.
Ruidos molestos, vandalismo y agresiones
La propuesta de La Libertad Avanza también incorpora modificaciones específicas para distintas conductas.
En el artículo 98, referido a los ruidos molestos, establece arrestos de entre 2 y 10 días cuando provengan de la vía pública.
El texto contempla excepciones para determinadas expresiones artísticas y eventos culturales autorizados. Durante el horario nocturno, las penas podrían duplicarse.
Para comercios y personas jurídicas, el proyecto plantea multas de hasta 5.000 UF y clausuras de entre 5 y 30 días, con clausura obligatoria en caso de reincidencia.
En materia de vandalismo, pintadas y daños o suciedad sobre bienes, el artículo 94 establece tareas comunitarias o multas.
Las penas se duplicarían cuando resulten afectados monumentos, estatuas, templos religiosos, patrimonio histórico, escuelas, hospitales o instalaciones de subterráneos y trenes.
Además, se contempla la obligación de reparar o restaurar el bien afectado.
El texto de LLA también incorpora agravantes para determinadas agresiones, con mayores sanciones cuando las víctimas sean trabajadores de la educación, personal de salud, integrantes de fuerzas de seguridad o del Poder Judicial.
Asimismo, establece agravantes para agresiones intrafamiliares o de pareja, ataques en el transporte público, hechos cometidos con armas u objetos contundentes y determinadas conductas relacionadas con la exposición de datos personales o el uso de identidades falsas o anónimas.
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