La Cámara baja sesionará este miércoles desde las 12 con una agenda que incluye la restitución de las restricciones a la compra de campos por extranjeros, discapacidad, endeudamiento familiar y trazabilidad de medicamentos. Martín Menem aseguró que el Gobierno no vetará las iniciativas aprobadas.
La Cámara de Diputados debatirá este miércoles 21 de octubre el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que incluye la restitución de los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. El texto ya cuenta con media sanción del Senado, pero fue modificado durante su tratamiento en comisión para reincorporar la legislación que el presidente Javier Milei había derogado mediante el DNU 70/2023.
La sesión especial fue convocada por La Libertad Avanza y está prevista para las 12. Además del proyecto sobre propiedad privada, el temario contempla propuestas impulsadas por el oficialismo y distintos sectores de la oposición. Entre los asuntos que se discutirán figuran discapacidad, endeudamiento familiar, trazabilidad de medicamentos y vandalismo rural.
Desde el bloque libertario sostienen que reunirán el quórum necesario para iniciar el debate. Sin embargo, todavía no está confirmado el respaldo de Argentina Federal, espacio encabezado por el legislador misionero Oscar Herrera Ahuad.
En medio de las negociaciones, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, les transmitió a los legisladores aliados que la Casa Rosada respaldará las iniciativas que resulten aprobadas y que no habrá vetos presidenciales.
De acuerdo con la información difundida por el oficialismo, esa definición se tomó el martes durante una reunión de la mesa política encabezada por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, de la que también participó Menem.
Qué propone el proyecto sobre la compra de tierras rurales por extranjeros
Uno de los principales puntos de la sesión será el tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que la semana pasada obtuvo dictamen de mayoría durante un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
Esas comisiones están presididas por los libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio, respectivamente. Durante el debate, el oficialismo consiguió sumar un capítulo relacionado con la Ley de Tierras Rurales, con el acompañamiento de representantes del PRO, la Unión Cívica Radical y el diputado santafesino José Núñez, de Provincias Unidas.
La modificación fue promovida por el radical Diógenes González, quien planteó incorporar un cuarto capítulo compuesto por dos artículos.
El artículo 38 establece dejar sin efecto el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el presidente Javier Milei había dispuesto la derogación de la Ley de Tierras Rurales. A continuación, el artículo 39 restablece esa legislación, que establece restricciones a la propiedad extranjera de campos.
Si la modificación obtiene la aprobación de Diputados, se revertirá la derogación impulsada por el Gobierno al comienzo de la gestión de Milei y volverán a regir las restricciones contempladas en esa normativa.
El proyecto también incorpora cambios en las leyes de expropiaciones y regularización dominial. El Senado le había otorgado media sanción el pasado 6 de agosto. Sin embargo, las modificaciones introducidas durante el tratamiento en la Cámara baja obligarían a que el texto regrese al Senado si los diputados lo aprueban.
Discapacidad: el debate por la continuidad de la emergencia
La agenda legislativa incluye también la prórroga de la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. El tema había formado parte de la convocatoria opositora que la semana pasada no consiguió reunir el quórum necesario para abrir la sesión.
Por su parte, La Libertad Avanza impulsó un dictamen denominado “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia permanente del sistema de Discapacidad”. La propuesta busca incorporar los beneficios de la Ley 27.793 a un régimen permanente, en lugar de mantenerlos bajo el carácter transitorio de la emergencia.
Durante la discusión del Presupuesto 2027, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, aseguró ante los legisladores que estaban garantizados los recursos destinados a las personas con discapacidad. Menem reiteró ese compromiso el martes y sostuvo que el Poder Ejecutivo no vetará las iniciativas que apruebe la Cámara.
Endeudamiento familiar: diferencias entre el oficialismo y la oposición
Otro de los asuntos previstos es el endeudamiento de las familias. Sobre ese tema, La Libertad Avanza presentará un dictamen con diferencias respecto de las propuestas impulsadas por Unión por la Patria y Provincias Unidas.
La iniciativa oficialista, que cuenta con el acompañamiento de aliados del PRO y la UCR, pone el foco en la educación financiera, la transparencia crediticia y la prevención del fraude digital. El proyecto no contempla una intervención estatal directa sobre los acuerdos crediticios celebrados entre particulares.
La diputada libertaria Silvana Giudici defendió esa postura al señalar que el Estado no debe intervenir en una cuestión entre privados, una premisa que atribuyó al presidente Javier Milei.
Trazabilidad de medicamentos: controles y registros digitales
Los diputados también tienen previsto tratar el proyecto de Trazabilidad de Medicamentos, que busca reforzar los controles sobre productos críticos y sus materias primas.
La propuesta contempla registros digitales en tiempo real y protocolos de actuación ante sospechas de contaminación. El texto toma como base una iniciativa de Silvana Giudici e incorpora proyectos presentados por Pablo Juliano, Victoria Tolosa Paz, Karina Banfi y Marcela Pagano, además de propuestas de las exdiputadas Danya Tavela y Mónica Fein.
Vandalismo rural: las penas que propone el proyecto
La sesión incluirá, además, el proyecto sobre vandalismo rural, promovido por el diputado del PRO Martín Ardohaín, que plantea incorporar nuevas figuras al Código Penal.
Una de las disposiciones propone establecer penas de un mes a un año de prisión para quienes ingresen a establecimientos rurales contra la voluntad de las personas que tienen derecho a excluirlos.
La segunda contempla penas de dos a ocho años de prisión y multas de entre tres y doce veces el daño causado para quienes destruyan o inutilicen elementos vinculados con la actividad agropecuaria, siempre que no se genere una situación de peligro común.
Entre los bienes y elementos alcanzados por esta propuesta se encuentran los cereales sin cosechar, las silobolsas, el ganado y la infraestructura productiva.
Un inmueble nacional para la provincia del Chaco
El temario se completa con el tratamiento de una iniciativa que propone transferir gratuitamente a la provincia del Chaco un inmueble perteneciente al Estado nacional, ubicado en la localidad de Barranqueras.
De esta manera, la sesión convocada para este miércoles reúne proyectos de distintas áreas y estará atravesada tanto por las negociaciones para conseguir el quórum como por el compromiso anunciado por Martín Menem de que el Gobierno respaldará las iniciativas aprobadas y no recurrirá al veto presidencial.
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