La iniciativa del Gobierno obtuvo media sanción con 42 votos afirmativos y 21 negativos. Para alcanzar los consensos necesarios, Patricia Bullrich aceptó modificaciones sobre el financiamiento nacional a las provincias y la intervención de los psicólogos en las decisiones relacionadas con las internaciones.
La reforma de la Ley de Salud Mental obtuvo media sanción en el Senado durante la madrugada de este viernes, con 42 votos a favor y 21 en contra. La aprobación llegó después de una negociación encabezada por Patricia Bullrich con los bloques dialoguistas, que permitió incorporar modificaciones de último momento al proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei.
Los principales desacuerdos estuvieron vinculados con el financiamiento de los servicios provinciales y la participación de los psicólogos en las evaluaciones y decisiones sobre las internaciones. Ambos puntos generaron diferencias entre el oficialismo y sus aliados, que reclamaban garantías antes de respaldar la propuesta.
La iniciativa había llegado al recinto con algunos aspectos todavía sin resolver. Si bien La Libertad Avanza contaba con el acompañamiento del PRO, la UCR y otros espacios aliados, varios senadores condicionaban su voto a la inclusión de compromisos presupuestarios y cambios en la integración de los equipos profesionales.
Aunque el texto ya había sido modificado durante su tratamiento en comisiones, Bullrich debió aceptar nuevas modificaciones para asegurar los votos necesarios y conseguir que el proyecto avanzara hacia la Cámara de Diputados.
Las negociaciones también dejaron en evidencia una de las dificultades que enfrenta el Gobierno para avanzar con cambios en el sistema de atención de la salud mental: evitar que las nuevas obligaciones recaigan sobre las provincias sin garantizarles los recursos necesarios para cumplirlas.
El financiamiento de las provincias, una de las claves del acuerdo
La distribución de los recursos fue uno de los asuntos que más trabó las conversaciones. Representantes de distintas provincias reclamaban que la reforma estableciera responsabilidades concretas para el Estado nacional, ante la posibilidad de que los nuevos dispositivos de atención y las mayores exigencias profesionales terminaran siendo financiados por los gobiernos locales.
Frente a esos cuestionamientos, Bullrich aceptó fortalecer el compromiso de cooperación técnica, económica y financiera de la Nación con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. La nueva redacción contempla la posibilidad de establecer convenios bilaterales para determinar los aportes necesarios para implementar los cambios.
Los recursos deberán coordinarse en el ámbito del Consejo Federal de Salud (COFESA) y estarán destinados, entre otros objetivos, al fortalecimiento de los equipos de trabajo, los dispositivos comunitarios y el desarrollo de la telemedicina.
Las objeciones sobre este aspecto ya se habían manifestado durante el debate en comisiones. Varios legisladores habían firmado el dictamen de mayoría con disidencias, al considerar que las garantías presupuestarias contempladas inicialmente resultaban insuficientes.
Por su parte, el bloque Convicción Federal había presentado un dictamen de minoría. La senadora jujeña Carolina Moisés cuestionó la posibilidad de ampliar las internaciones sin asegurar previamente la infraestructura y la disponibilidad de profesionales para atender a los pacientes.
“Son necesarios los recursos para las provincias y que haya recursos para los centros comunitarios. Manteniendo en su propuesta, como en la de los libertarios, la internación involuntaria”, sostuvo en declaraciones.
La legisladora también hizo hincapié en las condiciones materiales para poner en práctica la reforma y planteó interrogantes sobre la capacidad de respuesta del sistema si los establecimientos y los equipos profesionales continúan trabajando con restricciones presupuestarias.
“Coincidimos en la necesidad de la internación obligatoria, sin embargo, si no están los espacios físicos ¿dónde van a internar a los enfermos? ¿Si no se establece el financiamiento adecuado, quienes van a atender a los pacientes en casos tan vulnerables?”, cuestionó.
Ante esos reclamos, el oficialismo aceptó una redacción más específica sobre las responsabilidades del Estado nacional y la posibilidad de acordar aportes con cada jurisdicción.
De todos modos, la implementación efectiva de esos compromisos dependerá de los convenios que se firmen y de los recursos presupuestarios disponibles. Este punto seguirá formando parte de la discusión durante el tratamiento en Diputados.
Qué modificaciones se acordaron sobre la intervención de los psicólogos
El otro cambio significativo estuvo relacionado con la composición de los equipos profesionales encargados de evaluar las internaciones y las altas médicas.
La propuesta original del Poder Ejecutivo otorgaba un papel central a los psiquiatras. Ese planteo había recibido cuestionamientos de facultades de Psicología y representantes provinciales, que reclamaban mantener la participación de equipos interdisciplinarios.
Después de las negociaciones, el oficialismo aceptó modificar los requisitos para autorizar las internaciones. El texto consensuado establece que la evaluación deberá contar con un médico, preferentemente psiquiatra o con formación en salud mental, y un segundo profesional que deberá ser psicólogo.
Además, se reconoció la intervención de estos especialistas en las evaluaciones y en las decisiones vinculadas con el alta de los pacientes.
La cuestión también había formado parte de las conversaciones entre la Nación y las provincias en el COFESA, donde distintos representantes planteaban la necesidad de garantizar una participación más equilibrada de ambas profesiones.
Durante el cierre del debate, Bullrich se refirió a las diferencias entre los sectores profesionales y rechazó que la discusión se presentara como una disputa entre psicólogos y psiquiatras.
“Son dos miradas o formas de encarar el problema, pero ambas necesarias para encarar los trastornos de personas en una comunidad”, sostuvo la jefa del bloque libertario.
Internaciones involuntarias, teleconsultas y consumos problemáticos
La reforma también amplía los criterios para disponer internaciones involuntarias ante situaciones de riesgo grave para la vida o la integridad física de una persona o de terceros.
En los casos excepcionales en los que un solo médico indique una internación por riesgo grave, el plazo para que la decisión sea ratificada mediante una evaluación interdisciplinaria pasará de 24 a 48 horas.
Por otra parte, el proyecto habilita las teleconsultas en lugares donde no haya especialistas disponibles e incorpora modificaciones en el abordaje de los consumos problemáticos. Entre ellas, contempla otras adicciones, como la ludopatía.
A pesar de los cambios incorporados, la iniciativa conserva dos principios de la legislación vigente: la prohibición de crear manicomios y el carácter excepcional de las internaciones.
Durante la discusión, el senador libertario Pablo Cervi defendió la propuesta y afirmó que permitirá actuar con mayor rapidez ante situaciones críticas.
“Esta reforma busca saldar una deuda histórica con las personas que atraviesan problemas de salud mental y sus familias, permitiendo intervenir a tiempo y, cuando sea necesario, facilitar internaciones que eviten situaciones de riesgo para los propios pacientes y para terceros”, afirmó.
La reforma deberá pasar ahora por Diputados
La votación representó un avance para el Gobierno, aunque el resultado también reflejó el peso de las negociaciones con los bloques dialoguistas para reunir los consensos necesarios.
Bullrich consiguió los votos para que el proyecto obtuviera media sanción, pero aceptó cambios en dos aspectos centrales: las responsabilidades financieras de la Nación frente a las provincias y la participación de los psicólogos en las decisiones clínicas.
Con la aprobación del Senado, la iniciativa continuará su recorrido legislativo en la Cámara de Diputados. Allí, el oficialismo deberá reunir una nueva mayoría para avanzar con la sanción definitiva y convertir la reforma en ley.
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