El inmueble forma parte del dominio público de la Ciudad de Buenos Aires y estaba ocupado por un grupo familiar que, según el decreto, no presentó documentación para justificar su permanencia. La medida establece la restitución administrativa del lugar y contempla la intervención de distintas áreas del Gobierno porteño y de la Policía de la Ciudad.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, firmó el Decreto 395/26, mediante el cual ordenó la desocupación administrativa inmediata de una vivienda ubicada dentro de la Reserva Ecológica Lago Lugano, en las inmediaciones de avenida Escalada y avenida 27 de Febrero, en la Comuna 8.
La disposición alcanza a las personas que habitan el inmueble, sus pertenencias, las instalaciones y los animales que se encuentren en el lugar. Además, contempla la posibilidad de solicitar el auxilio de la fuerza pública para llevar adelante el procedimiento.
El decreto fue publicado este jueves 12 de noviembre en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y establece que la propiedad integra el dominio público porteño. Entre los fundamentos de la decisión, el Gobierno señaló que el espacio estaba ocupado por un grupo familiar que no presentó documentación que acreditara la existencia de un permiso o título que habilitara su permanencia.
De acuerdo con lo expuesto en el texto oficial, la situación había sido comunicada por personal de la Reserva Ecológica Lago Lugano. También se indicó que el grupo familiar fue relevado por la Dirección General Red de Atención, organismo que depende del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.
El procedimiento administrativo había comenzado el 24 de septiembre, cuando los ocupantes recibieron una intimación para restituir el inmueble. La notificación establecía un plazo para cumplir con esa obligación y advertía que, de no hacerlo, podía iniciarse el proceso de desocupación administrativa.
Sin embargo, una vez vencido el período establecido, no se habría presentado documentación que permitiera acreditar la legitimidad de la ocupación. Por ese motivo, el Ejecutivo porteño avanzó con la decisión de recuperar el espacio.
El fundamento legal para ejecutar el desalojo
Para justificar la medida, el Gobierno de la Ciudad hizo referencia al artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos porteña. Esa normativa establece el principio de ejecutoriedad de los actos administrativos y habilita a la administración a recurrir al uso de la fuerza sin necesidad de una intervención judicial previa cuando se trata de proteger el dominio público.
En ese marco, el decreto dispone que la desocupación se lleve adelante mediante un operativo coordinado entre diferentes dependencias del Gobierno porteño.
La responsabilidad de ejecutar el procedimiento recaerá sobre la Dirección General Administración de Bienes, que depende del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Para concretar la medida, deberá trabajar junto con otros organismos y áreas con competencias específicas.
Entre las dependencias convocadas se encuentran la Dirección General Red de Atención, el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el SAME, las áreas de Emergencias y Logística, Gestión Animal y COPIDIS. También está prevista la participación de la Policía de la Ciudad.
Cómo será el procedimiento y qué pasará con los bienes
La ejecución del desalojo deberá contar con la intervención de un escribano designado por la Dirección General Escribanía General. Su función será labrar un acta notarial que deje constancia de la restitución del inmueble.
Además, el funcionario deberá realizar un inventario de los bienes muebles que se encuentren en la vivienda, registrar su estado de conservación y dejar asentado el destino al que eventualmente sean trasladados.
La disposición también contempla a los animales que puedan encontrarse en el lugar, por lo que se incluyó la intervención del área de Gestión Animal entre los organismos que participarán del operativo.
Según los fundamentos del decreto firmado por Jorge Macri, el objetivo de la medida es recuperar el inmueble para el dominio público de la Ciudad de Buenos Aires. La disposición cuenta con el refrendo del ministro de Hacienda y Finanzas y del jefe de Gabinete de Ministros.
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