La resolución del Ministerio de Seguridad apunta a custodiar las zonas de infraestructura crítica y logística asociadas a los megaproyectos del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones.
El Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso la creación de un espacio de coordinación institucional enfocado en proteger los desarrollos del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI). Mediante la Resolución 461/2026, publicada en el Boletín Oficial, se oficializó este mecanismo que busca anticiparse a posibles delitos complejos, el avance de organizaciones transnacionales y el lavado de activos en las áreas donde se radiquen los capitales estratégicos.
Para los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, el dato clave del servicio que prestará esta nueva normativa radica en la fiscalización de las terminales logísticas, oficinas corporativas y redes de transporte que conectan los proyectos del interior con el puerto y el centro financiero porteño. La mesa de coordinación supervisará los flujos financieros y los movimientos logísticos para evitar que las estructuras criminales utilicen los nuevos emprendimientos lícitos como cobertura para el blanqueo de capitales.
La normativa establece que el gran volumen de fondos movilizado puede transformar a las zonas adyacentes a las inversiones en puntos vulnerables para la seguridad económica y social. Por este motivo, el programa contempla el despliegue de estrategias de control temprano en los sistemas de trazabilidad y supervisión estatal, sin que esto signifique sumar trámites burocráticos ni costos extras para las empresas que operan en el ámbito administrativo local.
Asimismo, las pautas oficiales destacan que los cambios en la dinámica poblacional y laboral que generan estos proyectos exigen un abordaje integral. El plan de seguridad incluye programas asistenciales y de prevención comunitaria orientados a mitigar los riesgos sociales y a resguardar la estabilidad de los trabajadores, la infraestructura crítica y las cadenas de distribución que abastecen a las industrias desde los principales nodos urbanos.
La puesta en marcha de esta mesa operativa centralizará los datos de inteligencia criminal y la articulación con las fuerzas de seguridad de las provincias adheridas. Las resoluciones complementarias determinarán los calendarios de reuniones y las zonas prioritarias de intervención para garantizar el normal desenvolvimiento de las operaciones comerciales e institucionales en todo el territorio.
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