Ante las críticas por el estado de las rutas, el Gobierno proyecta una nueva licitación para construir autopistas

La administración nacional trabaja en una cuarta etapa del plan de concesiones viales que prevé la construcción de autopistas, autovías y la ampliación de corredores estratégicos, luego de los cuestionamientos al esquema actual centrado en tareas de mantenimiento.

El Gobierno nacional comenzó a delinear una nueva fase del programa de concesiones viales que incluirá la construcción de autopistas, autovías, duplicación de calzadas y terceros carriles en distintos corredores nacionales. La iniciativa surge en un contexto marcado por las críticas al modelo vigente de privatización de rutas, que prioriza trabajos de conservación y mantenimiento por sobre las obras de infraestructura de gran escala.

Esta nueva etapa formará parte de la cuarta fase del plan de concesiones, que se sumará a las tres instancias ya previstas para adjudicar cerca de 9.000 kilómetros de rutas nacionales. El objetivo oficial es avanzar con proyectos de mayor envergadura en los corredores con mayor circulación vehicular.

De acuerdo con un informe periodístico publicado por La Nación, el Ejecutivo solicitó a Vialidad Nacional un relevamiento de las obras consideradas prioritarias. A partir de ese trabajo se elaboró un mapa que servirá como base para las futuras licitaciones, con intervenciones proyectadas en distintas provincias del país.

Las obras previstas abarcan corredores estratégicos vinculados con Vaca Muerta y el puerto de Bahía Blanca, la región centro, el norte argentino, los accesos hacia Bolivia, el área portuaria de Rosario y Santa Fe, además de diversos tramos de la Patagonia.

El nuevo esquema buscará diferenciarse del modelo actualmente en ejecución. De los 9.000 kilómetros que se encuentran en proceso de concesión, alrededor de 3.000 corresponden a autovías ya existentes y, de los 6.000 kilómetros restantes, únicamente se contempla la construcción de unos 300 kilómetros de nuevas rutas de cuatro carriles. El resto de las obligaciones asumidas por las empresas concesionarias se concentra en tareas de bacheo, conservación de la calzada y mantenimiento de las estaciones de peaje.

Ese enfoque generó cuestionamientos tanto de usuarios como de distintos sectores productivos, que esperaban un programa con mayores inversiones destinadas a ampliar la infraestructura vial. Las críticas apuntan a que los contratos actuales priorizan la transitabilidad de las rutas existentes por encima de la ejecución de nuevas obras que permitan aumentar la capacidad de circulación.

Frente a este escenario, el Gobierno comenzó a trabajar en un segundo paquete de proyectos que contempla la ampliación de los corredores con mayor volumen de tránsito. En algunos casos, las rutas continuarán bajo administración privada mediante concesiones con peaje, mientras que en otros se analiza un esquema en el que el Estado remunere a las empresas por las tareas de operación y mantenimiento.

El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que el plan oficial contempla incorporar otros 12.000 kilómetros al sistema vial concesionado. «A los 9.000 kilómetros que están en proceso de concesión les vamos a agregar 12.000 kilómetros adicionales, entre algunos que haremos doble mano y otros con pasos alternativos, y algunos que vamos a rehacer. El mapa vial para el final del mandato va a parecer que estamos en otro país. Esto va a ser un cambio», sostuvo.

Mientras tanto, continúa el proceso de concesión de los primeros corredores nacionales, cuyos contratos contemplan la explotación mediante peajes durante plazos de hasta 30 años y obligaciones enfocadas principalmente en el mantenimiento de la infraestructura existente. La futura etapa buscará incorporar las obras de ampliación que no fueron incluidas en los contratos actualmente vigentes.