El financiamiento destinará US$220 millones a modernizar la gestión del empleo público, con fondos para programas de retiro voluntario y cambios en los sistemas de selección de personal. La operación integra una línea de crédito de hasta US$800 millones para la transformación estatal.
El Gobierno nacional aprobó un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por hasta US$300 millones para financiar el programa “Transformación del Estado Nacional I”, que contempla, entre sus objetivos, la implementación de programas de retiros voluntarios en distintos organismos de la Administración Pública Nacional.
La medida quedó oficializada mediante el Decreto 1177/2026, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
La norma también aprobó un acuerdo para establecer una línea de crédito condicional de hasta US$800 millones destinada al “Programa de Transformación del Estado”. El objetivo es mejorar la eficiencia del gasto público mediante la modernización de las administraciones nacionales y subnacionales, con un plazo de utilización de diez años.
El préstamo de US$300 millones constituye la primera operación individual realizada en el marco de esa línea de financiamiento.
Retiros voluntarios y modernización del empleo público
Según el contrato incorporado como anexo del decreto, el componente de Modernización de la Gestión del Empleo Público recibirá US$220 millones, equivalentes al 73,3% del total del préstamo.
Los recursos se utilizarán para financiar programas de retiro voluntario, diseñar e implementar un nuevo proceso de reclutamiento y selección de personal y fortalecer las capacidades de gestión de los recursos humanos. También se contempla una estrategia de gestión del cambio para acompañar las modificaciones previstas en la administración pública.
El acuerdo establece, además, que el BID podrá reconocer como gastos elegibles hasta US$60 millones correspondientes a retiros voluntarios realizados desde el 5 de marzo de 2026, es decir, antes de la aprobación formal del préstamo. Para que esos gastos sean admitidos, deberán haberse efectuado bajo condiciones sustancialmente similares a las previstas en el contrato.
Tecnología, compras públicas y gestión de inmuebles
El segundo componente del programa estará destinado al fortalecimiento de la capacidad tecnológica del Estado y contará con US$77 millones, equivalentes al 25,7% del financiamiento.
Entre las iniciativas previstas se encuentran la actualización del equipamiento y los servicios informáticos, la modernización del sistema nacional de compras públicas y la actualización del Sistema de Gestión de Inmuebles del Estado Nacional.
También se implementará el Sistema Integrado de Gestión de Recursos Humanos, que incorporará información desagregada por sexo y situación de discapacidad en relación con la trayectoria laboral y las remuneraciones del personal estatal.
Los US$3 millones restantes se destinarán a tareas de administración y auditoría del programa.
Plazos de devolución y condiciones financieras
El contrato establece que el préstamo deberá devolverse en un plazo de 25 años desde su firma, mediante cuotas semestrales. La primera cuota de amortización vencerá a los 66 meses de la entrada en vigencia del acuerdo.
Los intereses también se pagarán cada seis meses, con una tasa basada en la SOFR, más el margen aplicable a los préstamos del capital ordinario del BID.
El plazo previsto para realizar los desembolsos será de cuatro años. En tanto, la comisión de crédito aplicada sobre el saldo que todavía no haya sido desembolsado no podrá superar el 0,75% anual.
Antes de recibir el primer desembolso, el Gobierno deberá acreditar que se encuentra vigente el reglamento operativo del programa. Ese documento deberá establecer los criterios para rendir los gastos correspondientes a los retiros voluntarios.
Además, será necesaria la contratación de una consultoría independiente que respalde la documentación de esos gastos.
Qué organismos estarán a cargo de ejecutar el programa
El organismo ejecutor será el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Hacienda. El programa contará también con la participación de distintas dependencias estatales como organismos técnicos de apoyo.
Por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado intervendrá la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública. También participarán la Jefatura de Gabinete de Ministros, mediante la Oficina Nacional de Contrataciones y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, y la Agencia de Administración de Bienes del Estado.
En los considerandos del decreto se incluyeron evaluaciones sobre el impacto financiero de la operación. El Banco Central consideró que las nuevas operaciones tendrían un efecto macroeconómico limitado sobre la balanza de pagos.
Por su parte, la Oficina Nacional de Crédito Público no formuló objeciones, al considerar que el costo financiero del préstamo es inferior al que el país podría obtener en el mercado.
Finalmente, el decreto facultó al ministro de Economía, o a los funcionarios que este designe, y al secretario de Finanzas a firmar los acuerdos correspondientes. También habilitó al titular de Economía a introducir modificaciones, siempre que no alteren sustancialmente el destino de los fondos, el monto del financiamiento ni el procedimiento arbitral acordado.
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