La Ley 27.826 comenzó a regir este 9 de octubre tras su aprobación en el Senado el 17 de septiembre. La normativa elimina los límites de ingresos y patrimonio para acceder al régimen simplificado de Ganancias, establece condiciones para que ARCA revise declaraciones juradas, reduce determinadas multas formales e incorpora nuevas sanciones para empleadores rurales.
La nueva etapa de la reforma tributaria comenzó a regir este viernes 9 de octubre con la entrada en vigencia de la Ley 27.826, conocida como Inocencia Fiscal II, promulgada por el Gobierno nacional y publicada en el Boletín Oficial.
La norma complementa los cambios introducidos en enero mediante la Ley 27.799 y busca incentivar la circulación de ahorros que permanecen fuera del sistema formal. Para ello, modifica distintos aspectos del régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias, establece condiciones para las fiscalizaciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), reduce determinadas multas por incumplimientos administrativos y actualiza las sanciones para empleadores rurales que no registren a sus trabajadores.
La legislación había sido aprobada por el Senado el pasado 17 de septiembre, con 44 votos a favor y 23 en contra. Desde su entrada en vigencia, comienzan a aplicarse las modificaciones previstas en cuatro áreas centrales del sistema tributario.
1. Ganancias simplificado: eliminan los topes de ingresos y patrimonio
Uno de los cambios principales alcanza al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias. La ley modifica el artículo 38 de la Ley 27.799 y permite que las personas humanas y las sucesiones indivisas residentes en el país, de acuerdo con los términos de la Ley del Impuesto a las Ganancias, puedan optar por esta modalidad.
La novedad más importante es la eliminación de los límites de ingresos anuales y patrimonio que hasta ahora condicionaban el acceso al sistema. Anteriormente, el régimen establecía un tope de ingresos de $1.000 millones por año y exigía un patrimonio inferior a $10.000 millones.
Con la nueva normativa, esos límites dejan de funcionar como condiciones de ingreso. Sin embargo, quienes se incorporen deberán cumplir con el requisito de residencia fiscal durante todo el período que declaren.
Si ARCA determina que una persona no cumplía con esa condición, podrá excluirla del régimen, fiscalizarla, determinar de oficio el impuesto, liquidar las diferencias correspondientes y aplicar las sanciones previstas. La exigencia de residencia fiscal durante todo el año no se aplicará al período fiscal 2025.
Además, la posibilidad de optar por el régimen comprende los períodos fiscales iniciados desde el 1 de enero de 2025.
Qué es el “tapón fiscal” y a quiénes alcanza
El principal beneficio del régimen simplificado es el denominado “tapón fiscal”, un mecanismo que combina el efecto liberatorio del pago del impuesto correspondiente al período fiscal base con una presunción de exactitud sobre las declaraciones juradas de los tres ejercicios anteriores.
En términos prácticos, ARCA presume que la información declarada es correcta, salvo que detecte alguna de las discrepancias significativas contempladas por la ley que justifiquen una revisión.
De esta manera, quienes presenten la declaración jurada de Ganancias correspondiente a 2025 quedarán, en principio, cubiertos respecto de los períodos fiscales 2022, 2023 y 2024, siempre que no se configure alguna de las excepciones previstas en la normativa.
No obstante, el beneficio no se aplicará de la misma manera a todos los contribuyentes. La ley establece condiciones particulares para los Grandes Contribuyentes Nacionales y determinados funcionarios públicos.
Ambos grupos podrán utilizar el régimen simplificado para presentar sus declaraciones juradas y pagar el impuesto, pero no accederán a la presunción de exactitud ni a los demás beneficios vinculados con ese mecanismo. Por lo tanto, ARCA conservará la posibilidad de fiscalizarlos bajo las reglas generales.
La restricción comprende a quienes ocupen o hayan ocupado, durante los cinco años anteriores a la adhesión o a la decisión de permanecer en el régimen, alguno de los siguientes cargos en la Nación, las provincias, los municipios o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
- Funcionarios o empleados con jerarquía de secretario de Estado o superior, tanto en la administración centralizada como en la descentralizada.
- Legisladores, concejales y parlamentarios del Mercosur.
- Magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público.
- Defensores del Pueblo y sus adjuntos.
- Integrantes del Consejo de la Magistratura o de un jurado de enjuiciamiento.
2. En qué casos ARCA podrá revisar declaraciones juradas anteriores
La ley también establece criterios para determinar cuándo ARCA puede dejar sin efecto la presunción de exactitud de una declaración jurada y avanzar sobre períodos fiscales anteriores.
El punto central es la existencia de una discrepancia significativa entre lo declarado por el contribuyente y lo que determine el organismo recaudador. Para habilitar la revisión, alcanza con que se cumpla alguno de los supuestos previstos por la normativa.
El primero contempla las diferencias porcentuales. Se considera significativa una modificación que aumente el impuesto determinado o reduzca los quebrantos fiscales —las pérdidas que pueden descontarse en ejercicios posteriores— en un 15% o más respecto de lo declarado.
Sin embargo, la ley establece una excepción: no se considerará significativa una diferencia que no supere el 5% del monto previsto para la evasión simple. Con el umbral actual de $100 millones, ese límite equivale a aproximadamente $5 millones.
El segundo supuesto se relaciona con el monto absoluto del ajuste. La discrepancia también podrá habilitar una revisión cuando supere el valor establecido para la evasión simple en el Régimen Penal Tributario, actualmente fijado en $100 millones.
El tercer caso comprende los ajustes vinculados con facturas o documentos falsos, así como con retenciones, percepciones, pagos a cuenta o anticipos computados indebidamente. En estas situaciones, la posibilidad de revisión no depende del monto involucrado.
La normativa también determina que ARCA tendrá exclusivamente la responsabilidad de demostrar la existencia de una discrepancia significativa. A su vez, limita los elementos y las presunciones que el organismo puede utilizar para dejar sin efecto la protección que establece el régimen.
3. Los ahorros fuera del sistema formal: qué contempla la ley
Otro de los ejes de Inocencia Fiscal II apunta a facilitar el uso de fondos que permanecen fuera del sistema financiero formal, conocidos habitualmente como “dólares del colchón”.
Para quienes adhieran al régimen simplificado, la normativa establece que las operaciones deberán canalizarse mediante los medios autorizados por el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores (CNV). La exigencia se considerará cumplida cuando el sistema financiero formal intervenga en el origen o en el destino de la operación.
La ley incorpora, además, una previsión específica para los pagos en efectivo realizados al momento de firmar una escritura pública sobre un inmueble, como sucede en la compra de una propiedad. Esas operaciones se considerarán válidas a los efectos previstos por la norma.
Hasta el 31 de diciembre de 2027, esos fondos también quedarán alcanzados por una de las protecciones contempladas en el tercer párrafo del artículo 40 de la Ley 27.799 para los contribuyentes que cuenten con la presunción de exactitud.
En paralelo, para el Impuesto sobre los Bienes Personales, el dinero se considerará incorporado al patrimonio en la fecha en que se concrete la operación.
Qué cambia para bancos, escribanos y otros sujetos obligados
La nueva legislación también modifica las obligaciones de bancos, escribanos y otros sujetos alcanzados por la Ley 25.246, vinculada con la prevención del lavado de activos.
A partir de ahora, estos actores deberán considerar la constancia de adhesión al régimen simplificado como un antecedente favorable al momento de identificar y monitorear las operaciones de sus clientes.
Sin embargo, ese criterio no elimina las obligaciones de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo. Tampoco reemplaza los procedimientos de debida diligencia que deben cumplir las entidades financieras y los profesionales alcanzados por la normativa.
La Unidad de Información Financiera (UIF) tendrá 15 días hábiles desde la entrada en vigencia de la ley para dictar las normas complementarias.
Por su parte, ARCA deberá habilitar consultas automatizadas mediante una interfaz de programación de aplicaciones (API). El sistema permitirá que los sujetos obligados verifiquen si una persona está adherida al régimen, si fue excluida o si solicitó la baja.
4. Multas tributarias: cuáles son las reducciones
La Ley de Inocencia Fiscal II también introduce modificaciones en las multas formales, aplicadas por incumplimientos administrativos como no presentar una declaración jurada dentro del plazo correspondiente o no responder a un requerimiento de información.
Estas sanciones pueden aplicarse incluso cuando no exista un impuesto impago.
La nueva normativa establece dos mecanismos de reducción.
El primero es una rebaja permanente del 25%, incorporada mediante el nuevo artículo 49 bis de la Ley 11.683. El beneficio se aplica de pleno derecho, sin que el contribuyente deba iniciar un trámite para solicitarlo.
El segundo consiste en una reducción extraordinaria del 50% para determinadas multas por infracciones formales cometidas antes de la entrada en vigencia de la nueva ley. El beneficio comprende obligaciones vencidas desde el 2 de enero de 2026, fecha en que comenzó a regir la Ley 27.799.
La reducción alcanza a las sanciones que todavía no estén firmes y también a aquellas que, aun estando firmes, permanezcan impagas.
Para acceder al beneficio extraordinario, el contribuyente deberá cumplir con la obligación formal que originó la multa antes de adherir a la reducción o hacerlo de manera simultánea.
La adhesión implica aceptar sin condiciones el resto de la sanción, renunciar a cualquier reclamo y asumir las costas si existía un litigio judicial. En cambio, las multas que ya hayan sido pagadas no serán devueltas.
ARCA tendrá un plazo de 30 días para reglamentar estas disposiciones.
5. Nuevas sanciones para empleadores rurales
El último grupo de modificaciones alcanza a los empleadores rurales que no se inscriban en el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) o que incumplan la obligación de registrar los contratos laborales.
La ley actualiza las multas y establece diferentes montos según la gravedad de la infracción:
- Infracciones leves: entre $120.000 y $187.500 por trabajador.
- Infracciones graves: entre $375.000 y $1.500.000.
- Infracciones muy graves: entre $1.500.000 y $7.500.000.
En caso de reincidencia, las sanciones podrán incrementarse hasta un 50%.
Además, desde 2027 los montos se actualizarán anualmente de acuerdo con la variación de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA).
Con estos cambios, la Ley de Inocencia Fiscal II modifica las condiciones de acceso al régimen simplificado de Ganancias, establece límites para la revisión de declaraciones juradas y reduce determinadas sanciones administrativas. También incorpora disposiciones destinadas a facilitar la utilización de fondos fuera del sistema formal y actualiza las penalidades para empleadores rurales que incumplan sus obligaciones registrales.
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