El Gobierno porteño reglamentó la Ley 6.888 y avanzará con una reorganización territorial del sistema educativo basada en las 15 Comunas de la Ciudad.
La implementación incluirá cambios administrativos, tecnológicos y de gestión, con un plazo de 180 días hábiles para elaborar un plan de transición.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires oficializó la reglamentación de la Ley 6.888 mediante el Decreto N° 218, una medida que apunta a reorganizar territorialmente el sistema educativo porteño de acuerdo con la división comunal vigente.
La normativa, firmada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, establece los criterios para adecuar los distritos escolares, regiones, sectores y demás unidades de gestión educativa al esquema de las 15 Comunas de la Ciudad. La iniciativa busca armonizar la organización educativa con lo dispuesto por la Constitución de la Ciudad y la Ley de Comunas.
Según establece el decreto, la reorganización no se limitará a una redefinición geográfica, sino que implicará una revisión integral de los procesos administrativos y de gestión. Entre los cambios previstos se encuentran la adecuación de los sistemas de información, la planificación educativa y la distribución de recursos.
El Ministerio de Educación de la Ciudad será la autoridad responsable de llevar adelante la implementación y de dictar las normas complementarias necesarias para garantizar el cumplimiento de la ley.
Uno de los aspectos centrales de la reglamentación es la elaboración de un plan de transición que deberá estar listo en un plazo de 180 días hábiles. Este proceso contemplará la actualización tecnológica de los sistemas de gestión, la integración de bases de datos y la adaptación gradual de las estructuras administrativas.
Además, la normativa habilita la creación de subdivisiones operativas dentro de cada Comuna para optimizar el funcionamiento del sistema educativo en todos sus niveles y modalidades. También prevé una nueva organización territorial para supervisores escolares y equipos técnicos y pedagógicos, tomando en consideración variables como la demanda socioeducativa, la cobertura territorial y la cantidad de establecimientos educativos.
El decreto contempla que, en situaciones excepcionales, puedan aplicarse criterios pedagógicos u organizativos específicos por fuera de la distribución territorial establecida, siempre dentro de los límites fijados por la ley.
Asimismo, se impulsarán instancias de articulación a nivel comunal con el objetivo de fortalecer la coordinación entre las distintas áreas educativas y los actores involucrados en el sistema.
La implementación se realizará de manera progresiva, con etapas de adecuación normativa y operativa. También se prevé la actualización gradual de las denominaciones institucionales para garantizar su correcta identificación en los registros administrativos y en los sistemas de inscripción escolar.
Con esta reglamentación, la Ciudad busca avanzar hacia una gestión educativa más integrada al esquema comunal, promoviendo una mejor coordinación territorial y una distribución más eficiente de los recursos destinados a la educación pública.
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