El Gobierno porteño implementó controles en el asentamiento de La Paternal ante el crecimiento de construcciones en altura y posibles riesgos estructurales. La oposición cuestionó el operativo y presentó pedidos de informes en la Legislatura.
El Gobierno de la Ciudad restringió el ingreso, traslado y acopio de materiales de construcción en La Carbonilla, el asentamiento ubicado en La Paternal, Comuna 15. Además, clausuró dos corralones situados sobre Manuel Trelles al 2600, con el objetivo de frenar el crecimiento de edificaciones en altura y prevenir posibles riesgos estructurales.
El operativo se realizó entre el 11 y el 12 de agosto y contó con la participación de más de 100 agentes de la Policía de la Ciudad y equipos de Desarrollo Humano, la Agencia Gubernamental de Control (AGC), el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), Fiscalización, Higiene y la Comuna 15.
Durante los procedimientos también se controlaron los accesos al barrio, se retiraron vehículos abandonados y se realizaron inspecciones en comercios.
La medida está respaldada por la Resolución N.º 472/IVC/26, que establece restricciones preventivas para el ingreso, traslado y acopio de materiales dentro de La Carbonilla. Según la Ciudad, el objetivo es evitar que sean utilizados para nuevas construcciones, ampliaciones o intervenciones que no estén autorizadas.
Además, se prevé la elaboración de un protocolo destinado a registrar, controlar y autorizar el ingreso de materiales al barrio.
La Ciudad advierte por el crecimiento de las construcciones
El Gobierno porteño sostiene que La Carbonilla atraviesa un proceso de crecimiento vertical que genera preocupación por las condiciones de seguridad y el nivel de ocupación de las estructuras.
Un relevamiento realizado por la Dirección General de Abordaje Territorial en Barrios Populares sobre la evolución del asentamiento entre 2021 y 2025 detectó nuevas construcciones realizadas sobre edificaciones existentes. Según los registros, algunas estructuras alcanzan alturas de aproximadamente tres metros, mientras que en otros casos llegan a 12 y 20 metros.
La Carbonilla está ubicada entre Perú, Manuel Trelles, Añasco y Espinosa, junto a las vías del ferrocarril San Martín. El asentamiento comenzó a formarse hacia fines de 2001 y, de acuerdo con la información oficial, su población ya superó las 4.000 personas.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, defendió el operativo y sostuvo que la intención es evitar que continúen construcciones que, según la administración porteña, no cumplen con las normas urbanísticas.
La Ciudad también anticipó que los controles continuarán y que podrán extenderse a otras actividades consideradas irregulares dentro del barrio.
Como antecedente, el Gobierno porteño mencionó las medidas implementadas en la Villa 31, donde informó la clausura de seis corralones ilegales y 25 edificaciones no permitidas. De estas últimas, diez fueron demolidas y también se retiró chatarra equivalente a 40 camiones.
La oposición cuestionó el procedimiento
El operativo generó cuestionamientos de distintos bloques opositores de la Legislatura porteña.
El expediente 2484-D-2026, presentado por Victoria Freire junto con otros legisladores, propone que la Legislatura exprese su “más enérgico repudio” al operativo realizado en La Carbonilla.
Los autores consideran que el despliegue policial fue desproporcionado y que pudo haber afectado derechos y bienes de los habitantes, especialmente el derecho al trabajo. También cuestionaron que, según sostienen, los procedimientos se hayan realizado sin exhibir órdenes judiciales o administrativas que los justificaran.
El proyecto además plantea que se habrían decomisado insumos y herramientas que no están prohibidos y cuestiona la forma en que se llevaron adelante los controles.
Reclaman información sobre los materiales retenidos
En paralelo, Alejandro Salvatierra y otros 12 legisladores presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre la Resolución N.º 472/IVC/26 y los operativos realizados el 11 y 12 de agosto.
El pedido solicita copias de los informes técnicos utilizados por el IVC para determinar la existencia de “riesgos estructurales críticos” y “saturación de redes”, además de la documentación incorporada al expediente administrativo.
Los legisladores también quieren conocer qué metodología y relevamientos fueron utilizados para llegar a esas conclusiones y cuándo estará disponible el protocolo que establecerá las condiciones para ingresar materiales al barrio.
Entre las preguntas dirigidas al Ejecutivo aparece cómo deberán acreditar los vecinos que los materiales están destinados a reparaciones urgentes, mantenimiento indispensable, emergencias o cuestiones de salubridad.
El pedido también busca información sobre posibles retenciones de camiones y fletes en los accesos, los tiempos previstos para autorizar el ingreso de materiales y las dependencias que recibirán las solicitudes.
También piden detalles sobre detenciones y decomisos
Los legisladores reclamaron que la Ciudad informe todas las acciones desarrolladas durante los operativos, incluyendo posibles detenciones, incautaciones, confiscaciones, demoliciones u otras intervenciones.
En caso de que se hayan producido decomisos, solicitaron conocer la cantidad de actas labradas, el tipo y volumen de materiales retenidos y el destino que se les asignó.
También buscan determinar qué dependencias de la Policía de la Ciudad y qué inspectores participaron de los controles y bajo qué normativa actuaron, incluyendo si tenían facultades para requisar o decomisar materiales.
El debate por la situación habitacional
El pedido de informes también incorporó la situación habitacional de La Carbonilla. Los legisladores solicitaron detalles sobre las obras de infraestructura, servicios básicos y mejoras habitacionales realizadas por el IVC durante 2024, 2025 y hasta la actualidad, además del presupuesto asignado y ejecutado.
También preguntaron qué medidas prevé implementar el Gobierno porteño frente a las necesidades habitacionales vinculadas al crecimiento de la población y si las restricciones para el ingreso de materiales podrían extenderse a otros barrios populares.
Los autores del pedido consideran que la respuesta al crecimiento de las construcciones no debería limitarse al control de materiales, sino que también debería contemplar políticas de urbanización, regularización, infraestructura y mejoramiento habitacional.
Así, el operativo en La Carbonilla abrió una discusión en la Legislatura sobre el equilibrio entre el control de las construcciones irregulares y las políticas de vivienda y hábitat. Mientras el Gobierno porteño sostiene que la medida busca prevenir riesgos y frenar un crecimiento edilicio que considera inseguro, la oposición reclama precisiones sobre los fundamentos técnicos, los procedimientos utilizados y las condiciones en las que se aplican las restricciones.
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