Uruguay reglamenta la ley de muerte digna y se convierte en pionero en la región

El gobierno uruguayo puso en vigencia el protocolo para la aplicación de la eutanasia, estableciendo requisitos estrictos para pacientes terminales y garantizando el acceso en todo su territorio.

A pocos kilómetros de nuestra Ciudad, el país vecino acaba de dar un paso histórico en materia de derechos individuales. Este martes entró en vigencia la Ley 20.431, que permite a personas mayores de edad, psíquicamente aptas y con enfermedades terminales o irreversibles, solicitar el procedimiento de muerte asistida. La ministra de Salud uruguaya, Cristina Lustemberg, confirmó que el protocolo busca dar seguridad jurídica y médica tanto al paciente como a los profesionales intervinientes.

Para que lo tengamos en cuenta, especialmente aquellos vecinos que tienen familiares o conocidos del otro lado del charco, el protocolo es muy riguroso. El paciente debe manifestar su voluntad de forma personal y escrita, y el caso debe ser evaluado por un médico actuante y un consultante. Un dato clave para la comunidad es que el procedimiento puede realizarse tanto en centros de salud como en el propio domicilio del paciente, siempre que se cumplan las condiciones sanitarias.

En cuanto a la parte operativa, el protocolo detalla el uso de tres medicamentos específicos (lidocaína, propofol y atracurio) que se administran por vía intravenosa. Además, se aclara que podrán acceder a este derecho los ciudadanos uruguayos y también los extranjeros que acrediten fehacientemente su residencia en Uruguay, cumpliendo siempre con los criterios clínicos de padecimiento insoportable o deterioro grave.

Un punto que genera mucha conversación en el ámbito de la salud es que todos los prestadores médicos en Uruguay están obligados a garantizar el servicio. Si una institución tiene médicos que son «objetores de conciencia» (es decir, que por sus valores no quieren realizarlo), la entidad debe contratar a otro profesional o derivar el caso, pero no puede negarle el derecho al paciente.

Para asegurar que todo sea transparente, se creó una Comisión Honoraria de Revisión que supervisará cada caso. Si llegaran a detectar alguna irregularidad, el Ministerio de Salud tiene la potestad de denunciar el hecho ante la fiscalía.