El titular del Juzgado Federal de San Isidro, Lino Mirabelli, dispuso la citación a indagatoria del exdiputado de orientación libertaria, José Luis Espert, quien tendrá que comparecer el próximo martes en el marco de una investigación penal por presunto lavado de activos. De acuerdo con información judicial provista a LA NACION, el procedimiento busca determinar la responsabilidad del economista en la introducción de fondos de origen ilegal dentro del circuito financiero formal.
La medida procesal fue requerida por el agente fiscal Fernando Domínguez. El funcionario del Ministerio Público Fiscal acusa a Espert de haber blanqueado una suma de 200.000 dólares provenientes de una estructura delictiva con alcance transnacional. Según la hipótesis fiscal, dichos recursos habrían sido canalizados mediante la adquisición de dos vehículos —un rodado marca BMW y otro marca Lexus valuado en 130.000 dólares— así como a través de su incorporación en un fideicomiso radicado en la localidad de Costa Esmeralda.
Para la fiscalía, el convenio suscripto con una compañía minera de origen guatemalteco, presentado por Espert con el fin de justificar la procedencia de los 200.000 dólares abonados por el condenado Federico “Fred” Machado, constituye una simulación jurídica. Durante el período anterior, Espert ocupaba el primer lugar en la nómina de candidatos a diputados nacionales por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires; sin embargo, tras el impacto público que generaron los datos sobre sus vínculos con Machado, la conducción del partido resolvió excluirlo de las listas a menos de un mes de la contienda electoral. A pesar de esto, el presidente Javier Milei respaldó públicamente al economista, calificando el episodio el mes pasado como una “operación mediática infame”.
El exlegislador omitió declarar originalmente los 200.000 dólares en sus presentaciones iniciales, aunque posteriormente convalidó la percepción del dinero por parte de Machado. Espert argumentó que los fondos correspondían a un contrato global de un millón de dólares firmado con anterioridad a la campaña electoral del año 2019, en concepto de supuestas tareas de asesoramiento para una firma minera asentada en Guatemala. Los encargados de la pesquisa penal bajo sospecha consideran que esa contraprestación laboral en realidad nunca se ejecutó ni estuvo proyectada. Como consecuencia del avance del expediente, el año pasado se procedió al allanamiento de la vivienda particular de Espert y se decretó la inhibición general de sus bienes.
El eje central de la causa radica en establecer si el imputado poseía conocimiento respecto a la procedencia ilícita de los fondos. Al respecto, el fiscal Domínguez planteó que el instrumento contractual se habría confeccionado de manera posterior a la realización de la transferencia monetaria, con el único objetivo de dotar de una apariencia de legalidad al capital. La transferencia fue efectuada en enero de 2020 desde una cuenta perteneciente a la entidad Wright Brothers Aircraft Title Inc., sociedad comercial vinculada directamente a Machado. La fiscalía sostiene que el dinero posee un origen delictivo asociado a la organización criminal bajo proceso en los Estados Unidos, plaza donde Machado fue imputado por maniobras de fraude y lavado.
La acusación formal indica además que el contador particular de Espert, Mariano Cosentino, desempeñó una participación relevante en la ingeniería económica al evaluar diferentes alternativas operativas para asentar dichos ingresos en las declaraciones juradas del economista. Por este motivo, Cosentino también fue citado a indagatoria por el magistrado para el próximo 1 de julio.
Las pruebas y los antecedentes del vínculo
Entre los elementos probatorios acumulados en el expediente por los investigadores, se destaca un archivo de audio enviado por Espert a través de la aplicación WhatsApp en abril de 2021, pocas jornadas después de la detención de Machado. En dicho registro, el economista manifiesta: “Acá sigue siendo el problema es… el ingreso de esos 200 del 2020, no? Que insisto, son ingresos de ese contrato firmado con esa empresa llamada Minas del Pueblo y esa empresa Minas del Pueblo es una empresa de este señor [Machado]”. Asimismo, agrega en la misma grabación: “Yo lo que pude haber dicho era que se estuvo por firmar uno con el Estado de Guatemala, pero finalmente terminó siendo como una empresa de él. Él me iba a hacer pasar esto por un contrato con el Estado guatemalteco, pero no, finalmente terminó siendo como una empresa de él. De él. Minas del Pueblo se llama. Existe la mina, todo”.
La relación entre Espert y Machado registra antecedentes que se remontan al menos al proceso electoral de 2019, oportunidad en la que el analista económico se postuló como candidato a la presidencia de la Nación bajo la plataforma del partido Unite. En el transcurso de las actividades proselitistas con miras a esos comicios, Espert concretó un mínimo de 36 traslados aéreos en aeronaves pertenecientes a firmas comerciales administradas por Machado, compartiendo un total de 5 vuelos durante el mes de abril de aquel año.
Las argumentaciones brindadas por Espert en relación con el dinero y su nexo con Machado exhibieron modificaciones a lo largo del tiempo. En una primera instancia, el dirigente circunscribió el vínculo a una mera asistencia en materia logística de campaña, desestimando la presentación judicial efectuada por Juan Grabois respecto al cobro de las sumas. No obstante, tras la difusión por parte de LA NACION de un registro contable oficial emitido por el Bank of America en posesión de la justicia estadounidense, donde constaban las especificaciones del giro financiero, el exparlamentario terminó por reconocer públicamente la percepción del pago.

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