El Gobierno de Javier Milei enfrenta dificultades para reunir las mayorías necesarias en la Cámara alta. Los gobernadores reclaman el cumplimiento de acuerdos con la Nación y condicionan su respaldo a distintas iniciativas impulsadas por el oficialismo.
El Senado de la Nación se transformó en uno de los principales escenarios de tensión entre la Casa Rosada y los gobernadores. Las diferencias entre el Gobierno de Javier Milei y las provincias complican el avance de la agenda legislativa de La Libertad Avanza, que deberá profundizar las negociaciones para conseguir los votos necesarios en la Cámara alta.
Los mandatarios provinciales que mantienen una postura dialoguista con el Ejecutivo reclaman que se cumplan los acuerdos de gestión alcanzados con la Nación antes de acompañar los proyectos impulsados por el Gobierno.
Las dificultades para reunir apoyos quedaron expuestas durante el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que obtuvo media sanción y fue enviada a la Cámara de Diputados, pero luego de que fueran retirados dos capítulos cuestionados. Entre ellos se encontraban los cambios propuestos a la Ley de Tierras.
La iniciativa había sido impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, pero no logró reunir un respaldo completo entre los gobernadores y sus representantes en el Congreso.
Ahora, el oficialismo buscará avanzar con otros proyectos promovidos por la Casa Rosada. Este martes a las 16, la comisión de Legislación General, presidida por la libertaria Nadia Márquez, retomará el análisis del proyecto de Ley General de Sociedades, también elaborado por Sturzenegger.
En tanto, este miércoles a las 16, las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional continuarán con el tratamiento del proyecto de super-RIGI. Para esa jornada fueron convocados funcionarios del Poder Ejecutivo: Daniel González, secretario de Energía y Minería; Carlos Guberman, secretario de Hacienda; y Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía.
En ambos casos, el oficialismo deberá comenzar a construir acuerdos para conseguir que las iniciativas puedan avanzar en el Congreso.
Zonas Frías, otro foco de tensión
Uno de los proyectos que permanece trabado en el Senado es el referido al régimen de Zonas Frías, que se encuentra en la Cámara alta desde mayo.
La iniciativa, que ya cuenta con sanción de Diputados, propone retrotraer el esquema de subsidios al gas destinado a las provincias de la Patagonia, la Puna y la ciudad mendocina de Malargüe.
Sin embargo, el proyecto no consiguió en el Senado el mismo nivel de respaldo que había obtenido en la Cámara baja entre los sectores dialoguistas.
Entre quienes no acompañan la propuesta se encuentran los senadores radicales por Mendoza Rodolfo Suarez y Mariana Juri, alineados con el gobernador Alfredo Cornejo.
En paralelo, el radicalismo planteó en Diputados, a través de la jefa de bancada Pamela Verasay, incorporar a la agenda parlamentaria un proyecto destinado a establecer un subsidio eléctrico focalizado para usuarios residenciales vulnerables de las provincias más cálidas del país.
La propuesta fue presentada por el radical Guillermo Agüero, junto con el correntino Diógenes González y Gerardo Cipollini, diputados vinculados a los gobernadores aliados al Gobierno nacional Leandro Zdero, de Chaco, y Juan Pablo Valdés, de Corrientes.
El proyecto busca garantizar el acceso al consumo indispensable de electricidad para los usuarios residenciales vulnerables de las provincias con temperaturas más elevadas o de otras regiones que presenten determinadas condiciones ambientales.
Agüero sostuvo que la iniciativa responde al principio de equidad territorial y busca corregir diferencias históricas relacionadas con el acceso y el costo de la energía.
Otra propuesta fue presentada por el diputado Pablo Outes, vinculado al gobernador salteño Gustavo Sáenz e integrante del bloque Innovación Federal, donde también participan legisladores de Misiones.
Outes señaló que las iniciativas apuntan a compensar las dificultades que enfrentan las zonas donde las altas temperaturas durante el verano generan un mayor consumo energético, especialmente ante el limitado acceso a redes de gas natural y fuentes de electricidad renovable.
Los dialoguistas piden avanzar en las comisiones
Los bloques dialoguistas buscan que los acuerdos alcanzados en Diputados con los gobernadores puedan transformarse en leyes. Para conseguirlo, consideran necesario que el oficialismo habilite el tratamiento de estos temas en las distintas comisiones parlamentarias.
La intención del Gobierno es derogar las modificaciones realizadas en 2021, cuando el régimen de beneficios de las denominadas Zonas Frías fue ampliado a municipios de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
El régimen de subsidios para las tarifas de gas en zonas frías fue creado en 2002 mediante la Ley 25.565 y originalmente contemplaba beneficios para usuarios de la región patagónica, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe.
En 2021, la Ley 27.637 amplió el alcance del esquema a nuevas subzonas e incorporó a 90 municipios de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
Actualmente, el sistema se financia mediante un fondo que aportan los usuarios de todo el país y que el Gobierno considera insuficiente. Los descuentos establecidos por la condición de zona fría oscilan entre el 30% y el 50%, dependiendo de la región, y tienen vigencia hasta fines de 2031.
El Norte Grande puede abrir una nueva negociación
Esta semana está prevista una cumbre de gobernadores del Norte Grande en Posadas, Misiones, que contará con la presencia del jefe de Gabinete, Diego Santilli.
Entre los principales temas que serán abordados se encuentran las medidas destinadas a establecer una tarifa eléctrica diferenciada para las provincias de la región, bajo la propuesta denominada Zonas Cálidas, y la posibilidad de retomar la discusión sobre la reforma del régimen de Zonas Frías impulsada por el Gobierno.
El futuro de esas iniciativas dependerá de la capacidad de la Casa Rosada y los gobernadores para alcanzar nuevos acuerdos.
Mientras tanto, el Senado continúa siendo uno de los principales espacios de negociación política entre el Gobierno nacional y las provincias, con un oficialismo que necesita construir mayorías para evitar nuevos obstáculos en su agenda legislativa.
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