La iniciativa legal establece un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias con exenciones impositivas y estabilidad jurídica por el plazo de 30 años.
La actividad legislativa nacional sumó un debate central que impactará en el desarrollo de los sectores de vanguardia en la Ciudad de Buenos Aires. El Poder Ejecutivo ingresó formalmente a la Cámara de Diputados el proyecto de ley del denominado Súper RIGI, una herramienta jurídica diseñada de forma específica para atraer capitales mínimos de 1.000 millones de dólares en rubros estratégicos como la inteligencia artificial, la biotecnología y los centros de datos.
Los detalles técnicos del texto normativo fijan incentivos tributarios de gran magnitud, entre los que se destacan la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 35% al 15%, el arancel cero para la importación de bienes de capital y la eliminación inmediata de las retenciones a las exportaciones. Para acceder a estos beneficios, las empresas interesadas deberán ejecutar de forma obligatoria al menos el 20% del monto total declarado dentro de los primeros dos años de vigencia.
La propuesta oficial se concentra en actividades que requieren un alto soporte de infraestructura y servicios de conectividad avanzada en el ámbito metropolitano. Los sectores seleccionados por la normativa abarcan la instalación de grandes nodos de procesamiento de datos, fábricas de semiconductores, almacenamiento de energía con baterías de litio y el ensamblaje de vehículos eléctricos, áreas con fuerte potencial de radicación en los distritos tecnológicos de la Capital Federal.
El debate en las comisiones parlamentarias incorporó las advertencias de los bloques técnicos respecto a la eliminación del requisito de contenido nacional, el cual fijaba un piso del 20% de proveedores locales en el régimen anterior. Diversos especialistas del ámbito industrial señalan que la falta de una cadena de suministros nacional integrada podría limitar el derrame económico, transformando los nuevos centros tecnológicos en estructuras autónomas dependientes de insumos importados.
Las cámaras empresariales de la región iniciaron el análisis del impacto que generará este marco normativo en la contratación de personal técnico especializado y servicios de ingeniería civil. Ante la envergadura de los proyectos contemplados y los plazos de ejecución estipulados, se recomienda a las consultoras locales y profesionales del área de sistemas realizar el seguimiento del tratamiento parlamentario para evaluar la reconversión de los servicios profesionales durante el año.
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