Una resolución publicada en el Boletín Oficial porteño establece los procedimientos alcanzados por el silencio administrativo positivo. El mecanismo permite considerar aprobada una solicitud cuando la Administración no responde dentro de los plazos correspondientes, siempre que se cumplan las condiciones previstas en la normativa.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aprobó el listado de trámites y procedimientos administrativos en los que se aplicará el silencio administrativo con sentido positivo, un mecanismo que permite interpretar la falta de respuesta de la Administración como una aprobación de la solicitud, bajo determinadas condiciones.
La medida quedó formalizada mediante la Resolución N.º 504/MJGGC/26, firmada el 9 de octubre y publicada este jueves 15 de octubre en el Boletín Oficial porteño.
La disposición fue emitida por la Jefatura de Gabinete de Ministros, a cargo de Gabriel Sánchez Zinny, en el marco de la reglamentación establecida por el Decreto 54/26. El detalle de los procedimientos incluidos en el nuevo régimen figura en el Anexo I de la resolución.
La aprobación del listado establece cuáles son las gestiones administrativas que podrán quedar comprendidas por este mecanismo. Su aplicación, sin embargo, depende de que el trámite esté expresamente incluido y de que se cumplan los requisitos legales correspondientes.
Cómo funciona el silencio administrativo positivo
El silencio administrativo positivo es una herramienta que permite considerar aprobada una solicitud cuando la Administración no emite una respuesta dentro de los plazos previstos, siempre que se trate de un procedimiento alcanzado por el régimen y que se encuentren cumplidas las condiciones establecidas en la normativa.
El mecanismo introduce una diferencia respecto de la regla general contemplada en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires.
Hasta ahora, esa normativa establece que el silencio o la ambigüedad de la Administración se interpretan como una negativa frente a la petición del interesado, excepto cuando una disposición expresa determina lo contrario.
Con la nueva resolución, el Gobierno porteño definió un conjunto de procedimientos en los que podrá aplicarse el criterio inverso: la ausencia de respuesta administrativa podrá tener efecto aprobatorio si se cumplen las condiciones previstas.
De esta manera, la medida no implica que cualquier trámite presentado ante el Gobierno de la Ciudad quede automáticamente aprobado por falta de contestación. El mecanismo se limita a las gestiones incluidas en el listado oficial y sujetas a los requisitos correspondientes.
Qué deberán hacer las áreas del Gobierno porteño
La resolución establece que las áreas gubernamentales cuyos procedimientos fueron incorporados al anexo deberán adecuar las normas que regulan esos trámites.
El objetivo es adaptar las disposiciones vigentes para que el silencio administrativo positivo pueda implementarse de manera efectiva en cada una de las gestiones alcanzadas.
La medida también contempla cambios en los sistemas tecnológicos utilizados por la Administración porteña. Para avanzar con esa tarea, se encomendó a la Secretaría de Innovación y Transformación Digital trabajar junto con las áreas correspondientes en la adecuación de los sistemas informáticos y las plataformas digitales.
La implementación requiere, por lo tanto, tanto la adaptación de las normas que regulan cada procedimiento como la actualización de las herramientas digitales que intervienen en su tramitación.
Cómo se incorporarán nuevos trámites al régimen
La disposición también establece un procedimiento para ampliar el listado de gestiones alcanzadas por el silencio administrativo positivo.
Los ministerios, las secretarías del Poder Ejecutivo y los organismos descentralizados deberán informar a la Jefatura de Gabinete sobre la implementación de nuevos trámites sujetos a este mecanismo.
Esa comunicación deberá realizarse dentro de los cinco días posteriores a la aprobación del nuevo procedimiento, con el objetivo de que pueda incorporarse al listado correspondiente.
De esta manera, la resolución establece un mecanismo de actualización que permitirá sumar nuevas gestiones al régimen, de acuerdo con las decisiones que adopten las distintas áreas de la Administración porteña.
El objetivo de la medida
Según los fundamentos oficiales, la resolución forma parte de una política de modernización administrativa orientada a agilizar los procedimientos, mejorar la eficiencia de la gestión pública y reducir las demoras en la relación entre el Estado y los ciudadanos.
La iniciativa busca establecer reglas para que determinados trámites no queden indefinidamente pendientes de una respuesta administrativa, siempre dentro de los límites y condiciones previstos por la normativa.
El listado completo de los procedimientos alcanzados se encuentra en el Anexo I de la Resolución N.º 504/MJGGC/26. Como ese detalle no está incluido en el texto de la resolución compartido, es necesario consultar el anexo para identificar cuáles son las gestiones concretas comprendidas por el nuevo régimen.
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