La iniciativa obtuvo 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones, tras incorporar modificaciones solicitadas por la oposición. Mientras el oficialismo celebró el consenso alcanzado, distintos sectores reclamaron garantías, presupuesto y controles para asegurar el cumplimiento de los derechos.
La Cámara de Diputados aprobó durante la madrugada de este jueves el proyecto de Ley de Discapacidad, que consiguió una amplia mayoría luego de una extensa sesión parlamentaria. La iniciativa reunió 237 votos a favor, nueve en contra y cuatro abstenciones, tras los cambios que La Libertad Avanza (LLA) incorporó a partir de los pedidos de distintos bloques opositores.
El proyecto, impulsado por el oficialismo, propone reemplazar el esquema transitorio de emergencia por un régimen permanente de protección. El dictamen aprobado mantiene beneficios contemplados en la Ley de Emergencia en Discapacidad, entre ellos la compatibilidad de la pensión no contributiva con el empleo formal bajo determinadas condiciones, además de previsiones relacionadas con las prestaciones y las coberturas de salud.
Tras la votación, representantes de distintas fuerzas políticas se pronunciaron sobre el resultado y destacaron el consenso alcanzado, aunque también expusieron diferencias sobre el contenido de la iniciativa, sus garantías y los recursos necesarios para su implementación.
El oficialismo destacó el consenso y cuestionó a legisladores cordobeses
Uno de los primeros en celebrar la media sanción fue el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, quien sostuvo que la iniciativa ofrecerá una “respuesta clara y permanente” a las personas con discapacidad y sus familias, sin depender de “emergencias ni leyes temporales”.
El diputado cordobés resaltó que se alcanzó un “consenso amplio” entre los bloques, pero cuestionó la postura de los legisladores vinculados al gobernador Martín Llaryora. Según expresó, esos representantes no realizaron aportes ni acercaron propuestas y votaron en contra de la nueva ley. Bornoroni calificó esa posición como un intento de “hacer política barata con el tema”.
También desde LLA, la diputada Patricia Vásquez celebró la aprobación y destacó la importancia de dejar de lado las diferencias ideológicas para alcanzar acuerdos. En ese marco, concluyó: “No más emergencias, ahora tenemos certezas”.
Por su parte, Gerardo Huesen reclamó que la discapacidad no sea utilizada como una herramienta de manipulación política y afirmó que las personas necesitan “respuestas concretas y derechos permanentes”.
La diputada Karen Reichardt, también integrante del oficialismo, describió el proyecto como un régimen estable de protección. En su publicación, señaló que contempla pensiones, prestaciones y controles transparentes para brindar previsibilidad a las personas que necesitan asistencia y a sus familias.
Unión por la Patria destacó los cambios incorporados al proyecto
Desde Unión por la Patria (UP), la diputada Victoria Tolosa Paz sostuvo que la oposición consiguió modificar un dictamen que, según su evaluación, estaba incompleto y dejaba afuera derechos fundamentales.
La legisladora detalló que los cambios incluyeron garantías de cobertura de salud para ambas pensiones, protección de las asignaciones familiares, requisitos para acceder a las pensiones y la compatibilidad con el trabajo formal. También mencionó modificaciones vinculadas con el financiamiento, la participación de las provincias, los mecanismos previstos ante bajas de prestaciones y los pagos a los prestadores.
“Cada una de estas modificaciones fue fruto de la escucha, la negociación y el compromiso de quienes defendemos los derechos de las personas con discapacidad”, publicó Tolosa Paz.
Sin embargo, advirtió que la aprobación parlamentaria no alcanza por sí sola para garantizar esos derechos y anticipó que continuará el reclamo por los recursos necesarios. “Los derechos no se garantizan solamente con una ley: se garantizan con presupuesto y con la decisión política de cumplirla”, afirmó.
En la misma línea, el exministro de Defensa y diputado de Unión por la Patria Jorge Taiana atribuyó el resultado a la movilización de las organizaciones y de las personas con discapacidad.
“La lucha inclaudicable del colectivo de personas con discapacidad logró que el oficialismo incorporara al dictamen de mayoría buena parte de los reclamos de las organizaciones”, señaló. Además, dirigió un pedido al Presidente con una frase contundente: “Milei cumplí la Ley”.
Por su parte, Cecilia Moreau, también de UP, vinculó la media sanción con otros reclamos relacionados con el sistema sanitario. La diputada aseguró que su bloque insistirá en la plena garantía del derecho a la salud de los niños y niñas ante el vencimiento de la emergencia pediátrica.
Moreau también reclamó la restitución del programa Remediar y la aplicación efectiva de la normativa sobre discapacidad. En ese contexto, cuestionó que el Gobierno, según expresó, “siga jugando cruelmente con la salud de millones de argentinos y argentinas”.
La UCR y Provincias Unidas fijaron sus posiciones
Desde la Unión Cívica Radical (UCR), la diputada Karina Banfi destacó que la Cámara Baja otorgó la media sanción con “mayoría absoluta”.
En tanto, el jefe del bloque de Provincias Unidas, Pablo Juliano, consideró que el resultado permitió aprobar “una mejor ley para ayudar a las personas con discapacidad”.
Juliano también cuestionó la orientación del proyecto de Presupuesto 2027, al señalar que contemplaba recortes de fondos para el área. Según sostuvo, la movilización social permitió que la oposición consiguiera que La Libertad Avanza dejara de lado el plan del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo.
“Gracias a la movilización de la sociedad, desde la oposición logramos que LLA aceptara dejar de lado el plan de Milei y Caputo”, expresó. Además, anticipó que su espacio seguirá de cerca el cumplimiento de la futura norma.
Una posición diferente manifestó la diputada cordobesa Alejandra Torres, también integrante de Provincias Unidas, quien cuestionó la decisión de no extender la emergencia. Luego de reunirse con organizaciones de la Iglesia que trabajan con personas con discapacidad, afirmó que el texto aprobado no fue consultado con el sector y genera incertidumbre.
“No podemos avanzar con una ley que no preserve todos los resguardos que merecen las personas con discapacidad”, sostuvo Torres.
Por otro lado, el diputado de la Coalición Cívica ARI Maximiliano Ferraro puso el foco en el papel de las familias y las organizaciones que impulsaron los reclamos. Al referirse a la aprobación, afirmó: “Esta ley es una conquista de todos ellos. Ahora vamos a exigir que se cumpla”.
El proyecto deberá pasar por el Senado
Pese al amplio respaldo obtenido en Diputados, la iniciativa todavía debe ser analizada por el Senado antes de convertirse en ley. Hasta que complete ese trámite legislativo, las disposiciones aprobadas por la Cámara Baja no entrarán en vigencia.
La votación dejó expuestas distintas posiciones sobre el alcance del nuevo régimen, las modificaciones incorporadas durante el debate y las garantías necesarias para su aplicación. Mientras el oficialismo destacó el acuerdo parlamentario y la creación de un esquema permanente, representantes de la oposición insistieron en la necesidad de asegurar recursos, proteger las prestaciones y controlar que la futura norma se cumpla.
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