El nuevo programa utiliza los códigos IMEI, IMSI y el número telefónico asociado para identificar dispositivos y solicitar su bloqueo a las empresas de telefonía. Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires podrán adherir voluntariamente al esquema.
El Gobierno nacional oficializó la creación del Programa para la Detección y Bloqueo de Telefonía Móvil en Establecimientos Penitenciarios, una iniciativa que busca impedir que personas detenidas utilicen teléfonos celulares para planificar o coordinar actividades ilícitas desde las cárceles.
La medida quedó establecida mediante la Resolución 806/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada este martes en el Boletín Oficial y firmada por la titular de esa cartera, Alejandra Monteoliva.
Según la resolución, el objetivo es prevenir, disuadir y neutralizar conductas vinculadas con el uso de tecnologías de telecomunicaciones que puedan poner en riesgo la seguridad pública.
El programa apunta especialmente a evitar que organizaciones criminales con integrantes alojados en establecimientos penitenciarios puedan utilizar dispositivos de comunicación móvil para coordinar maniobras delictivas.
Cómo funcionará el bloqueo de celulares
El mecanismo contempla la identificación de tres elementos asociados a cada dispositivo detectado dentro de una cárcel.
Se trata del IMEI, un código único que permite identificar el aparato; el IMSI, que está asociado a la línea utilizada; y el número telefónico vinculado.
Una vez identificados estos datos dentro de un establecimiento penitenciario, serán enviados a las compañías de telefonía móvil, que deberán proceder con el bloqueo correspondiente.
De esta manera, el sistema busca impedir que los dispositivos detectados puedan continuar siendo utilizados para establecer comunicaciones desde los establecimientos alcanzados por el programa.
La adhesión de las provincias será voluntaria
El programa no se aplicará automáticamente en todas las jurisdicciones. La adhesión será voluntaria para las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que podrán incorporarse al esquema para extenderlo a los establecimientos penitenciarios bajo su jurisdicción.
Las jurisdicciones que decidan sumarse deberán hacerse cargo de los costos relacionados con la compra, instalación, mantenimiento y supervisión de los equipos de detección.
La Subsecretaría de Articulación Federal será la encargada de gestionar la incorporación de las provincias que adhieran al programa.
Además, el Ministerio de Seguridad Nacional funcionará como la única vía para comunicar a las empresas de telefonía móvil los pedidos de bloqueo.
Esto significa que las provincias no podrán solicitar directamente a las compañías telefónicas la inhabilitación de una línea, sino que deberán canalizar esos requerimientos a través del Ministerio de Seguridad Nacional.
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