La nueva normativa establece requisitos simplificados para los contribuyentes adheridos al Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias. Los bancos no podrán exigirles documentación sobre el origen de los fondos mientras sus operaciones anuales no superen el límite previsto para la evasión tributaria simple.
La Unidad de Información Financiera (UIF) estableció un régimen especial que obliga a los bancos y a los demás sujetos alcanzados por la normativa de prevención del lavado de activos a aplicar controles reducidos a los contribuyentes adheridos al Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias cuando ingresen dinero o activos al sistema financiero formal.
La medida fue dispuesta mediante la Resolución 144/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial y firmada por el presidente de la UIF, Matías Gabriel Álvarez. La normativa reglamenta la ley que creó el régimen simplificado, modificada por la Ley 27.826, que había establecido un plazo de quince días hábiles para que el organismo dictara las disposiciones complementarias.
La resolución establece dos mecanismos. El primero, denominado “Antecedente Favorable”, dispone que la adhesión al régimen simplificado sea considerada un factor que disminuye el riesgo atribuido al cliente, tanto al momento de incorporarlo como al actualizar su perfil.
El segundo esquema, llamado “Debida Diligencia Simplificada Especial”, elimina una parte importante de los requisitos de control para determinadas operaciones.
En ese marco, los depósitos y pagos en efectivo realizados por estos contribuyentes no podrán ser considerados, por sí solos, indicadores de riesgo o sospecha. Tampoco será determinante que la persona no cuente con documentación que permita demostrar cómo adquirió los dólares que deposita o que no pueda respaldar con comprobantes la totalidad de sus ahorros acumulados durante años.
La modalidad de controles reducidos se aplicará mientras las operaciones anuales de cada cliente no superen el monto establecido en el Régimen Penal Tributario para que se configure el delito de evasión simple.
Dentro de ese límite, los bancos y las demás entidades alcanzadas no podrán exigir documentación sobre la actividad económica del cliente ni solicitarle que justifique el origen de sus fondos, sus ingresos o su patrimonio. Tampoco estarán obligados a comprobar si el movimiento resulta compatible con su capacidad de ahorro.
En esos casos, los controles se limitarán a registrar el documento de identidad, verificar mediante un servicio de consulta de ARCA que la persona se encuentre adherida al régimen y comprobar que no figure en los listados de personas vinculadas al terrorismo ni esté alcanzada por congelamientos de fondos dispuestos por el Consejo de Seguridad de la ONU.
Las disposiciones correspondientes a las Personas Expuestas Políticamente (PEP) también continuarán vigentes.
Cuando las operaciones superen el límite anual establecido, la adhesión al régimen simplificado seguirá siendo considerada un antecedente favorable para el cliente. Sin embargo, la entidad financiera deberá analizar si los movimientos son coherentes con su perfil, teniendo en cuenta su capacidad de ahorro histórica, la actividad declarada y los antecedentes de sus operaciones.
El beneficio no comprende a todos los contribuyentes. Quedan excluidos los Grandes Contribuyentes Nacionales, los funcionarios públicos contemplados en la ley y las personas incluidas en los registros vinculados al terrorismo.
La modalidad especial tampoco podrá utilizarse para Personas Expuestas Políticamente, operaciones relacionadas con países o territorios considerados de alto riesgo por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) o identificados como no cooperantes en materia fiscal. La exclusión también alcanza a los casos en los que existan elementos que permitan sospechar de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.
Para prevenir posibles maniobras, la UIF dispuso que las entidades deberán acumular las operaciones realizadas por un mismo cliente. Si detectan que una persona divide deliberadamente un depósito de mayor volumen para mantenerse por debajo del límite, perderá el beneficio y la entidad podrá reportar la operación como sospechosa.
La resolución también incorpora una garantía jurídica para bancos y demás sujetos obligados. Si aplican correctamente el régimen, se considerará que cumplieron con sus obligaciones incluso si posteriormente se descubre que el cliente no reunía las condiciones para acceder al beneficio o que los fondos tenían un origen ilícito. Esta protección no se aplicará si la entidad conocía esa situación o si resultaba evidente a partir de la información disponible.
Por otra parte, la UIF advierte que la aplicación “sistemática e injustificada” de controles que no correspondan al perfil de riesgo también podrá ser cuestionada durante las inspecciones.
La flexibilización no modifica otras obligaciones de las entidades. Cualquiera sea el monto de las operaciones, deberán continuar controlando las listas de sanciones, reportando las operaciones sospechosas y los movimientos sistemáticos, además de conservar la documentación correspondiente.
Los bancos y demás sujetos obligados tendrán 60 días corridos para adaptar sus procedimientos internos al nuevo esquema. La resolución comenzará a regir desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial.
Entre los fundamentos de la medida, el Gobierno señala que la economía argentina arrastra elevados niveles de informalidad, que según el INDEC representan el 48,6% de la actividad, además de años de inflación, restricciones cambiarias y desconfianza en el sistema bancario.
En ese contexto, sostiene que conservar dólares en efectivo funcionó como un “instrumento racional de preservación del valor” de los ahorros y que esa conducta no constituye, por sí misma, un indicio de ilegalidad. La UIF busca evitar que una inconsistencia exclusivamente fiscal sea interpretada automáticamente como una señal de que los fondos provienen de una actividad delictiva.
El organismo también fundamenta la decisión en las recomendaciones del GAFI, que promueven controles proporcionales al nivel de riesgo y buscan evitar barreras innecesarias para acceder al sistema financiero.
Además, cita un informe del Departamento Legal del Fondo Monetario Internacional (FMI) de noviembre de 2025. Según ese documento, el régimen de debida diligencia simplificada que regía en Argentina exigía, en la práctica, controles equivalentes a los estándares habituales en la mayoría de las jurisdicciones.
Quiénes pueden acceder y cuáles son los requisitos
El régimen está destinado a personas humanas y sucesiones indivisas adheridas al Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias.
Para habilitar el tratamiento especial, el banco o sujeto obligado deberá verificar la adhesión mediante el servicio de validación que instrumentará ARCA, comprobar la identidad del cliente y controlar que no figure en los registros de sanciones vinculados con el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
También continuarán vigentes los controles relacionados con las Personas Expuestas Políticamente (PEP). La Debida Diligencia Simplificada Especial no podrá aplicarse a estos clientes ni a operaciones vinculadas con jurisdicciones consideradas de alto riesgo o sometidas a monitoreo intensificado por el GAFI.
La modalidad tampoco corresponderá cuando existan factores específicos que justifiquen un nivel de riesgo elevado o indicios de una operación sospechosa.
Cuál es el límite para depositar fondos con controles reducidos
La reducción de los requisitos documentales tiene un límite cuantitativo. La resolución establece que la Debida Diligencia Simplificada Especial podrá utilizarse mientras las operaciones canalizadas a través de medios autorizados por el Banco Central (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) no superen, durante el año calendario, el umbral previsto para el delito de evasión tributaria simple en el Régimen Penal Tributario.
La UIF no establece un monto independiente en la resolución, sino que remite al límite fijado por esa legislación.
Cuando un cliente supere el umbral anual, dejará de acceder a la modalidad especial de controles reducidos. No obstante, conservará el tratamiento de Antecedente Favorable por su adhesión al régimen de Ganancias, siempre que continúe cumpliendo las condiciones previstas.
Qué operaciones y movimientos están incluidos
El esquema comprende el ingreso de fondos y activos al sistema financiero formal mediante mecanismos autorizados por el BCRA o la CNV.
Entre las operaciones alcanzadas se encuentran los movimientos realizados a través de cuentas bancarias, billeteras virtuales, cuentas comitentes y cuentas registradas en proveedores de servicios de activos virtuales inscriptos ante la CNV.
La normativa también contempla la canalización formal de fondos destinados a pagos en efectivo en escrituras públicas relacionadas con derechos reales sobre inmuebles, de acuerdo con las condiciones establecidas por la legislación vigente.
Qué controles seguirán aplicándose
La flexibilización no significa que los bancos puedan aceptar cualquier depósito sin analizar su contexto. Las entidades deberán comprobar que el cliente mantenga su adhesión al régimen simplificado, verificar que no aparezcan nuevas causales de exclusión y acumular las operaciones para impedir que sean divididas deliberadamente con el objetivo de permanecer por debajo del límite.
También continuarán los controles sobre terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, la conservación de documentación y los reportes sistemáticos.
Si aparecen elementos que permitan sospechar de lavado de activos, financiamiento del terrorismo o proliferación de armas de destrucción masiva, la entidad deberá analizar el movimiento y, cuando corresponda, informar la operación a la UIF, independientemente del monto involucrado.
La resolución entrará en vigencia desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial. Desde ese momento, los sujetos obligados tendrán un plazo de 60 días corridos para adecuar sus procedimientos internos y manuales a las nuevas disposiciones.
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