La iniciativa obtuvo 237 votos afirmativos en Diputados y ahora deberá pasar por las comisiones de la Cámara alta. La Libertad Avanza pretende tratarla antes del 30 de noviembre, mientras el peronismo buscará acelerar su discusión para sostener los acuerdos alcanzados.
El proyecto de la denominada Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad ingresó formalmente al Senado después de que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, firmara el texto aprobado y lo enviara a la Cámara alta. El siguiente paso será definir su giro a las comisiones correspondientes para comenzar el tratamiento legislativo.
La vicepresidenta Victoria Villarruel o el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, deberán resolver esa derivación. Aunque todavía no se formalizaron los giros, las comisiones que podrían intervenir son Presupuesto y Hacienda, presidida por el libertario Agustín Monteverde, y Población y Desarrollo Humano, a cargo de la peronista Alicia Kirchner.
Mientras se aguarda esa definición, el oficialismo deberá establecer su estrategia para avanzar con la iniciativa. Según informó TN, La Libertad Avanza pretende que el proyecto sea tratado durante el actual período ordinario de sesiones, que finaliza el 30 de noviembre. Las primeras definiciones podrían conocerse la próxima semana.
Por el momento, la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, no se pronunció públicamente sobre el tema.
El financiamiento, en el centro de la discusión política
En la Cámara alta recuerdan las repercusiones que generó el proyecto de Presupuesto 2027 cuando ingresó a Diputados el pasado 15 de septiembre. En aquella oportunidad, legisladores libertarios manifestaron sorpresa y cuestionamientos al ministro de Economía, Luis Caputo, por los cambios propuestos sobre las pensiones por invalidez, la actualización automática por inflación de los aranceles para prestadores y las incompatibilidades con el empleo formal.
Los artículos 36 a 41 de la iniciativa presupuestaria modifican aspectos centrales de la Ley N.º 27.793, correspondiente a la Emergencia Nacional en Discapacidad, aunque no plantean su derogación completa.
En ese contexto, Bullrich ya había advertido sobre el impacto político que podían generar esas disposiciones y sobre la posibilidad de que la oposición se unificara en torno a una nueva iniciativa. Finalmente, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto alternativo durante la madrugada del jueves con un amplio respaldo.
Después de la votación, el diputado de Unión por la Patria Eduardo Valdés sostuvo que las personas con discapacidad necesitan políticas de Estado que trasciendan los gobiernos. Además, remarcó que la discapacidad no debe entenderse como beneficencia, sino como un derecho humano reconocido en la Constitución y en los tratados internacionales.
Una aprobación con 237 votos afirmativos
La Cámara baja dio media sanción a la iniciativa durante la madrugada del jueves con 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones. El resultado reflejó un acuerdo amplio entre distintas fuerzas políticas, después de que el oficialismo pasara de rechazar la declaración de emergencia en discapacidad a participar de la elaboración de una propuesta alternativa.
Entre los votos negativos estuvieron los de seis diputados cordobeses vinculados al gobernador Martín Llaryora. En el Senado, ese espacio cuenta con la representación de Alejandra Vigo. También se mencionaron entre las posiciones contrarias a la iniciativa las de Andrea Estévez, de Unión por la Patria; Lourdes Arrieta, de Provincias Unidas; y Natalia de la Sota, que integra un monobloque.
El acuerdo se construyó a partir del trabajo del diputado de Argentina Federal Oscar Herrera Ahuad y de representantes del oficialismo, entre ellos Martín Menem, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici y Gisell Castelnuovo. También participaron dirigentes del peronismo, como Victoria Tolosa Paz, Juan Marino —autor del proyecto para prorrogar la emergencia en discapacidad— y Sabrina Selva.
Las negociaciones se extendieron durante casi dos meses, desde la firma de los dictámenes en las reuniones plenarias de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda. Posteriormente, se sumaron encuentros con representantes de la Comisión de Pastoral Social, quienes plantearon la necesidad de incorporar distintos puntos al texto. La última reunión se realizó horas antes del debate en el recinto.
Los principales puntos de la iniciativa
El proyecto aprobado por Diputados ratifica la compatibilidad de la Pensión No Contributiva por Discapacidad con el empleo formal. También permite que esa prestación mensual se perciba junto con otros programas sociales, como la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad.
Además, garantiza la continuidad del programa de prestaciones médicas Incluir Salud, o de la denominación que adopte en el futuro, e incorpora la asignación de las partidas presupuestarias correspondientes. La iniciativa también habilita el uso de recursos previstos en la Jurisdicción 91 del proyecto de Presupuesto 2027.
Otro de los puntos establece que el Poder Ejecutivo deberá garantizar la participación del Consejo Federal de Discapacidad (CoFeDis) en el diseño de futuras políticas públicas vinculadas con el sector.
En relación con la suspensión de beneficios, el texto incorpora un mecanismo de notificación fehaciente y establece un plazo de 60 días para que las personas afectadas puedan presentar su descargo. Después de esa instancia, deberá intervenir la autoridad competente para realizar la revisión correspondiente.
Uno de los cambios centrales que permitió ampliar el respaldo político está relacionado con el financiamiento. El proyecto establece que los gastos deberán cubrirse mediante partidas específicas asignadas anualmente por el Ministerio de Salud y dispone que los recursos no podrán ser inferiores, en términos reales, a los del ejercicio anterior.
Esa garantía fue uno de los puntos determinantes para conseguir el acompañamiento de distintos bloques. Además, se asumió el compromiso de asegurar las partidas correspondientes dentro del proyecto de Presupuesto 2027, que continúa en debate en la Cámara de Diputados.
El peronismo busca acelerar el tratamiento en comisión
La bancada justicialista que conduce José Mayans buscará impulsar un tratamiento rápido a través de la Comisión de Población y Desarrollo Humano, presidida por Alicia Kirchner. Los acuerdos alcanzados en Diputados podrían facilitar la discusión, aunque el peronismo ya había manifestado su preocupación por la situación de las personas con discapacidad y de las instituciones que trabajan con ellas.
Durante los últimos meses, senadores del Partido Justicialista presentaron diferentes proyectos relacionados con los derechos y las condiciones de vida del sector. Varias de esas iniciativas, al igual que otras propuestas debatidas en Diputados, plantean prorrogar la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Entre los proyectos presentados figuran uno de la senadora Anabel Fernández Sagasti y otro del legislador chubutense Carlos Linares. Por su parte, el senador pampeano Daniel Bensusán solicitó informes sobre el estado de ejecución del Fondo Nacional para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad.
En su iniciativa, Linares reclamó la continuidad de la emergencia y señaló que la sanción de esa ley había constituido una respuesta institucional del Estado nacional frente a la crisis que atravesaban las personas con discapacidad, sus familias y los distintos actores vinculados con su atención.
En ese planteo mencionó a los prestadores de servicios, centros terapéuticos, centros de día, escuelas especiales, hogares permanentes, transportistas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan con el sector.
El calendario legislativo, próximo punto de definición
Con el proyecto ya en el Senado, las próximas decisiones estarán vinculadas con las comisiones que intervendrán y el cronograma de reuniones. La Libertad Avanza busca avanzar antes del cierre del período ordinario, previsto para el 30 de noviembre, mientras que el peronismo intentará acelerar el debate para sostener los acuerdos alcanzados en la Cámara baja.
El tratamiento deberá definir si el texto consigue el respaldo necesario para convertirse en ley. Hasta entonces, la discusión continuará centrada en el alcance del régimen permanente, las garantías para las prestaciones y la disponibilidad de los recursos necesarios para cumplir con sus disposiciones.
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