Funcionarios bonaerenses rechazaron la iniciativa y advirtieron sobre su impacto en el acceso a servicios en la Ciudad.
El Gobierno bonaerense cuestionó la política impulsada por Jorge Macri y alertó sobre sus posibles consecuencias en el acceso a servicios públicos en la Ciudad de Buenos Aires.
El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, calificó la medida como “demagógica” y aseguró que contradice principios constitucionales. En ese sentido, remarcó que la Ciudad debe garantizar el acceso igualitario a todos los ciudadanos.
Desde el Ministerio de Salud, Nicolás Kreplak sostuvo que el sistema sanitario porteño fue diseñado como referencia nacional, por lo que limitar el acceso implicaría una restricción injustificada.
En tanto, el ministro de Seguridad, Javier Alonso, advirtió sobre inconsistencias prácticas, al señalar que gran parte de los trabajadores de la Ciudad viven en la provincia, lo que podría generar situaciones contradictorias.
Además, desde la Provincia subrayaron el vínculo económico y social entre ambos distritos, destacando el flujo diario de trabajadores y servicios compartidos.
El debate por la “prioridad porteña” abre interrogantes sobre la gestión de los servicios públicos y el equilibrio entre jurisdicciones en el área metropolitana.

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